Ciudad de México.– El gobierno de Irán ejecutó este jueves en la horca pública a Saleh Mohammadi, un luchador de apenas 19 años y medallista internacional, en un caso que ha provocado indignación global y nuevas acusaciones de represión sistemática contra la disidencia.

El joven atleta fue condenado junto con Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi, tras ser acusados de asesinar a dos policías durante las protestas antigubernamentales de enero. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que el proceso estuvo marcado por tortura, confesiones forzadas y la ausencia de un juicio justo.

De acuerdo con activistas, Mohammadi fue obligado a declararse culpable del delito capital de “guerra contra Dios”, una figura legal utilizada en Irán para castigar a opositores. La sentencia se ejecutó pese a llamados internacionales para frenar las penas.

“Su ejecución fue un asesinato político flagrante”, denunció el activista iraní Nima Far, quien acusó al régimen de utilizar castigos ejemplares para “aterrorizar a la sociedad” y sofocar cualquier forma de protesta.

El caso resulta especialmente sensible por el perfil del joven. Mohammadi había representado a su país en competencias internacionales y obtuvo la medalla de bronce en la Copa Saytev, celebrada en Krasnoyarsk, Rusia, en 2024.

Según reportes, fue detenido el 15 de enero, en medio de una ola de arrestos tras manifestaciones contra el gobierno en Teherán. A pesar de las presiones de Estados Unidos y de organismos internacionales, las autoridades iraníes siguieron adelante con las ejecuciones.

La organización Amnistía Internacional condenó el caso y aseguró que los acusados fueron sometidos a un proceso acelerado y opaco, sin acceso adecuado a defensa legal. “Se les obligó a hacer confesiones bajo coacción”, señaló el organismo.

Las ejecuciones han reavivado el debate sobre el uso de la pena de muerte en Irán, particularmente contra manifestantes. Activistas advierten que existe un riesgo real de que las autoridades incrementen las ejecuciones tras las protestas de enero, que dejaron miles de detenidos.

Ante este panorama, voces del ámbito deportivo han pedido sanciones. Nima Far urgió al Comité Olímpico Internacional y a la Federación Internacional de Lucha Libre a excluir a Irán de competencias internacionales hasta que cese la represión contra atletas y manifestantes.

El caso de Saleh Mohammadi no solo pone en evidencia la dureza del aparato judicial iraní, sino también el alto costo que enfrentan quienes, dentro o fuera del deporte, son percibidos como una amenaza por el régimen.