El juicio en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos federales durante su gestión como gobernador de Veracruz, se atrasó por lo menos hasta 2027. Ello, mientras él y su defensa insisten en que no se apropió de recurso público alguno.

El plazo original que el juez a cargo del caso había dado para que se cerrara la fase de investigación complementaria y la Fiscalía General de la República (FGR) presentara la acusación formal en contra del exmandatario y las pruebas de cara al juicio venció en agosto, sin embargo, a petición de las partes, el juez dio una prórroga.

La decisión se tomó en una audiencia realizada el pasado 24 de septiembre. El nuevo plazo vencerá justo en Nochebuena, con la posibilidad de que todavía pueda prorrogarse tres meses más.

Lo anterior significa que, aun y cuando dicho plazo ya no se alargue y la FGR presente en una audiencia intermedia la acusación en contra de Javier Duarte, la fase de juicio oral del proceso no arrancaría sino hasta mediados de 2027.

Cabe recordar que Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso por el delito de peculado el pasado 17 de febrero por el juez federal de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor. De acuerdo con lo asentado en la causa penal 667/2025, Duarte habría ordenado e incluso legalizado el presunto desvío de recursos federales hacia fines distintos para los cuales estaban destinados. Todo ello, según testimonios como el de su extesorero, en su propio beneficio.

Como resultado de dicha vinculación a proceso el juez le impuso a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada, situación que le impidió recuperar su libertad tras haber cumplido la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso en 2017 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

De forma paralela, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR mantiene más de 20 carpetas de investigación en curso en contra del exgobernador por múltiples desvíos de recursos federales denunciados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con datos de la ASF, la administración de Duarte dejó un boquete de recursos federales en Veracruz que supera los 60 mil millones de pesos. Se trata del mayor desfalco de recursos públicos documentados, de cualquier nivel de gobierno, hasta la fecha.

Duarte se defiende

La defensa del exgobernador encabezada por el abogado Pablo Campuzano ha presentado, hasta la fecha, tres juicios de amparo que siguen en curso. Uno de ellos en contra de la orden de aprehensión y la vinculación a proceso dictada en contra de su cliente ante un juzgado de distrito en la Ciudad de México.

La hipótesis central de su caso es que la vinculación se dictó de forma indebida dado que no existen los elementos suficientes para acreditar ni de forma inicial la existencia del peculado, según los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para ello.

Lo anterior ya que, según la posición del exgobernador, los recursos que se acusa fueron desviados jamás salieron hacia cuentas particulares o personales, sino que se quedaron en cuentas del gobierno del estado de Veracruz, situación que invalidaría la hipótesis del peculado en la que se necesita demostrar que el desvío fue para beneficio del acusado.

Lo que Duarte ha sostenido desde la audiencia inicial es que él no aprovechó ningún recurso público para enriquecerse, sino que el dinero federal se usó para gastos y compromisos prioritarios de su gobierno. Además, defiende que el decreto que expidió al inicio de su gobierno para la utilización discrecional de fondos federales era sobre participaciones federales no etiquetadas.

En otro de sus juicios de amparo la defensa de Javier Duarte sostiene que se cometieron presuntas violaciones al principio de especialidad del tratado de extradición entre México y Guatemala (país que lo entregó en 2017) debido a que él no fue extraditado por una acusación de esta naturaleza.

Cabe señalar además que Duarte también tiene un amparo más en curso en contra de una acusación de desaparición forzada presentada en su contra.