Mineápolis, MN. – En una visita marcada por la tensión y un fuerte despliegue de seguridad, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó a las autoridades de Minnesota a alinearse con la política migratoria federal. Durante su intervención, responsabilizó a sectores de la “extrema izquierda” y a funcionarios locales por el clima de confrontación derivado de la reciente ofensiva de deportaciones masivas impulsada por la Casa Blanca.

Vance defendió el despliegue de miles de agentes federales en el estado y respaldó las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), rechazando categóricamente las acusaciones de discriminación racial en los operativos.

Choque institucional: Investigaciones por obstrucción

El conflicto escaló al ámbito judicial, ya que el Departamento de Justicia mantiene abiertas investigaciones contra el gobernador Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, por presunta obstrucción en la aplicación de las leyes migratorias.

– Postura de la Casa Blanca: Vance señaló que la falta de cooperación local compromete la seguridad nacional y la operación federal.

– Respuesta local: Tanto Walz como Frey calificaron estas investigaciones como un acto de “intimidación política”. El gobernador responsabilizó directamente al gobierno federal por los disturbios recientes, mientras que el alcalde denunció detenciones arbitrarias.

” “El gobierno federal ha buscado reducir las tensiones, pero la resistencia de ciertos funcionarios locales está dificultando que se cumpla la ley”, afirmó Vance ante medios de comunicación y vehículos oficiales.

Casos bajo la lupa y el uso de la fuerza

El Vicepresidente también abordó incidentes críticos que han encendido las protestas sociales. Defendió la actuación de los agentes en el operativo donde murió la ciudadana estadounidense Renee Good, un caso cuya versión oficial ha sido cuestionada tras la difusión de videos que contradicen los informes iniciales.

Asimismo, Vance justificó la detención de un menor de edad durante una redada y negó que se estén realizando allanamientos sin orden judicial, asegurando que las autoridades federales actúan bajo criterios de prevención y seguridad institucional.

Un clima de parálisis y protesta

La visita ocurre en un contexto de alta volatilidad. Aunque el presidente Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección, Vance matizó que, por el momento, la Casa Blanca no considera necesaria esa medida extrema.

Sin embargo, el impacto social es evidente:

– Cierre de negocios: Cientos de establecimientos en el área de Mineápolis han bajado sus cortinas en señal de protesta o por temor a los disturbios.

– Movilización civil: Líderes religiosos, sindicatos y organizaciones civiles han anunciado nuevas jornadas de manifestaciones en contra de la represión migratoria.