Nueva York y Washington.- Marco Antonio Hernández Guevara no debería haber muerto. El jornalero, como tantos más, vino a Estados Unidos para trabajar en los campos de Florida y apoyar a su esposa y tres hijas en México. Ahora regresará a su país para su funeral y aunque la causa de muerte técnicamente fue insolación, la razón de fondo fue la falta de protecciones y normas para los trabajadores agrícolas, las cuales existen y salvan vidas todos los días para quienes laboran bajo el programa Comida Justa.

La granja donde se desempeñaba Hernández Guevara no es parte del programa Comida Justa, que establece protecciones y normas laborales para miles de jornaleros impulsadas por la Coalición de Trabajadores Immokalee y que ha transformado las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de unos 13 estados y que ahora es un modelo que están adoptando en otras partes de Estados Unidos así como en varios otros países (desde Chile a Sudáfrica).

La insolación

A fines de la semana pasada llegó la noticia de que un jornalero de la zona de Immokalee había sido transportado a un hospital en la cercana ciudad de Naples, donde estaba en coma. Su esposa pudo llegar desde México gracias al apoyo eficaz del cónsul de protección, José Manuel Murillo Valencia, en la representación diplomática de México en Miami, para estar a su lado durante sus últimas horas, en espera de un milagro que no llegó.

Todo esto ocurrió en un contexto donde los trabajadores enfrentan una ola antimigrante oficial que también nutre un clima hostil en todo el país, con autoridades que dan prioridad a redadas, retenes y la construcción de campos de concentración, incluido el llamado Alcatraz de los caimanes, que no está tan lejos de los campos de la zona de Immokalee.

Por lo tanto, los trabajadores están en situaciones cada vez más vulnerables. En los campos donde no tienen protecciones ni un programa como el de Comida Justa, cada vez menos se atreven a presentar quejas sobre sus condiciones laborales.

De hecho, en el caso de Hernández Guevara, de 35 años de edad y originario de San Luis Potosí, no se trataba de un trabajador indocumentado, sino alguien que llegó cumpliendo todas las reglas. Él ya había completado un contrato como empleado huésped (conocido como la visa H2-A) en mayo, y regresó a Florida en agosto con un segundo contrato, todo para hacer el trabajo esencial de cosechar alimento para los estadunidenses y enviar fondos para sostener a su familia y a su país.

Lucas Benítez, un cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, en entrevista con La Jornada, comentó que este caso resalta algo demasiado común. La muerte en sí no fue resultado de un asunto político ni algún problema de los gobiernos, sino “de un problema sistémico que ha tenido la industria agrícola en general, en particular aquellas empresas que se benefician con el trabajo de la gente del el campo –los supermercados, las grandes cadenas de restaurantes y productoras– que se niegan a ser parte de los acuerdos del programa Comida Justa”.

Benítez subrayó que el caso de Hernández Guevara “es un ejemplo, porque en el rancho donde ocurrió esta pérdida humana no existe el programa Comida Justa. En los campos que están bajo el plan de apoyo hasta el día de hoy no hemos tenido un solo reporte de un caso de este tipo de insolación.

“ Eso es porque esos trabajadores están siendo protegidos, se les dan descansos cada dos horas, toda la maquinaria se apaga y los agricultores se van a la sombra donde toman agua con electrolitos”.

Que un trabajador agrario se enferme por insolación no es nada inusual, de hecho, con el cambio climático las condiciones de calor sólo han empeorado cada año. Investigaciones recientes con estadísticas federales revelan que los jornaleros agrarios tienen 35 veces más probabilidad de morir por calor que trabajadores en otros sectores.

Enfermos por miles

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos calcula que más de 33 mil 890 trabajadores sufrieron enfermedades relacionadas al calor entre 2011 y 2022, y casi mil de ellos murieron. Pero hoy hay estadísticas precisas sobre esto y muchos de estos casos no se reportan.

Con la llegada del gobierno de Donald Trump, expertos y trabajadores pronostican que las condiciones laborales para jornaleros y los de construcción empeoraron como resultado del rechazo oficial de regulaciones vinculadas al cambio climático, como también la ofensiva contra regulaciones de todo tipo, incluidas las laborales.

Por ello, el programa Comida Justa establece normas que considera derechos dentro de sus acuerdos entre trabajadores, granjeros y las grandes cadenas de restaurantes y supermercados que compran el producto, iniciativa lanzada en 2010. El proyecto ha transformado por primera vez las condiciones laborales de miles de jornaleros, entre ellos su derecho a protecciones contra el calor y frenar el hostigamiento laboral y sexual, procesar la resolución de quejas e incrementar sus ingresos económicos.