Morelia, Mich.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha dado un giro en su estrategia de procuración de justicia para adolescentes. El fiscal general, Carlos Torres Piña, informó que, en el último año, se han judicializado 13 carpetas de investigación contra menores de edad involucrados en delitos graves como secuestro, extorsión y homicidio.

Esta política de “cero tolerancia” comenzó a aplicarse de manera sistemática a partir de agosto de 2025, con el objetivo de frenar la percepción de impunidad entre los jóvenes infractores que participan en actividades delictivas de alto impacto.

“No podemos permitir que no pase nada”

Torres Piña fue enfático al señalar que la condición de minoría de edad no debe ser una patente de corso para eludir las consecuencias legales de actos violentos.

– La determinación: Desde agosto pasado, la FGE decidió judicializar todos los casos de menores vinculados a homicidios y portación de armas de fuego.

– El objetivo: Establecer sanciones claras y evitar que el sistema de justicia sea omiso ante conductas que vulneran la seguridad pública.

” “Es importante porque no podemos permitir que, por el solo hecho de que sean jóvenes, no pase nada. Tiene que haber alguna sanción”, puntualizó el fiscal estatal.

Los límites de la Ley Nacional

A pesar de la firmeza en la judicialización, el funcionario reconoció que el marco jurídico vigente impone límites estrictos a las penas que pueden recibir los adolescentes en México:

Rango de edad	Pena máxima permitida
14 a 16 años	Hasta 3 años de internamiento.
16 a 18 años	Hasta 5 años de internamiento.

” “Entendemos los límites de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pero hay que insistir en que existan consecuencias”, subrayó Torres Piña.

El caso Lázaro Cárdenas: Un foco de alerta

El fiscal hizo referencia al reciente y trágico homicidio de dos maestras de la preparatoria Anton Makarenko, en Ciudad Lázaro Cárdenas, presuntamente cometido por un adolescente de apenas 15 años. Este caso ha reavivado el debate sobre la participación de menores en crímenes violentos y la necesidad de revisar los protocolos de prevención y sanción en la entidad.

Con estas 13 carpetas ya en proceso judicial, Michoacán busca enviar un mensaje contundente: cualquier conducta delictiva grave, sin importar la edad del perpetrador, enfrentará el rigor del proceso penal bajo los estándares permitidos por la ley.