Washington.- El juez federal Brian Cogan de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, ordenó que el juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, se lleve a cabo el 9 de enero de 2023.

García Luna y los fiscales del Departamento de Justicia continúan negociando una acuerdo de cooperación por el cual, si lo acepta el acusado; se debe declarar culpable y con ello evitar el juicio.

De ser procesado judicialmente en la Corte en Brooklyn y si es declarado culpable por un jurado de los delitos que le imputan, García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo o a 20 años de cárcel como pena mínima.

Apenas el 27 de julio, los abogados del exsecretario pidieron que el juicio fuera postergado luego de que la Fiscalía General de EU presentara un expediente de más de 13 mil páginas en contra de García Luna.

De esta manera, ante la gran cantidad de pruebas presentadas, la defensa del exfuncionario consideró que necesitaba más tiempo para revisarlo todo y prepararse.

Dentro de las evidencias con las que cuenta la fiscalía se encuentran revelaciones de pagos de García Luna para amenazar, acosar y sobornar a periodistas que investigaban sus crímenes, incluso lo hizo después de su arresto en Dallas, Estados Unidos.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario mexicano, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York.

Mientras tanto, en México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido tres órdenes de aprehensión por tres delitos, esto hasta junio de este año, por el uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, por enriquecimiento ilícito y  por la introducción ilegal de armamento en el caso ‘Rápido y Furioso’.

Por estas imputaciones, el gobierno mexicano ha pedido su extradición.

Con información de Proceso