Ciudad de México .– Un juez federal ha concedido una suspensión provisional al investigador Roberto Celaya Figueroa, quien impugnó la reciente reforma al Código Penal del Estado de Puebla que contempla el delito de ciberasedio. Esta decisión judicial llega en medio de una ola de críticas y confusión en torno a la nueva legislación.

La iniciativa, impulsada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, fue aprobada a mediados de junio y ha generado un intenso debate. La polémica ha llevado a diputados locales a considerar nuevas reuniones para clarificar su aplicación, debido a la incertidumbre sobre en qué casos específicos se utilizará.

Cuauhtémoc Escobar González, juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, admitió a trámite la demanda de Celaya Figueroa y otorgó la medida cautelar. Es importante señalar que esta suspensión solo protege al académico, quien impugnó específicamente la emisión, promulgación, aprobación y publicación del decreto que reforma el artículo 480 del Código Penal de Puebla en materia de ciberasedio.

El juzgador emitió un acuerdo en el que determinó conceder la suspensión provisional al quejoso, “para que, en caso de que se individualice la norma en su contra, no se ordene su detención o aprehensión por el hecho con apariencia de delito de ciberasedio contenido en el artículo 480 de la legislación citada”.

Críticas por Posible Restricción a la Libertad de Expresión

La aprobación de esta ley y los lineamientos para castigar el ciberasedio o ciberacoso han provocado fuertes críticas de ciudadanos y organizaciones. Entre ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha expresado su inquietud de que la legislación pueda restringir la libertad de expresión.

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema, señalando que la ley debe ser clarificada para evitar malas interpretaciones. Además, Sheinbaum enfatizó que la normativa no debe ser un mecanismo de censura para favorecer a servidores públicos, buscando desvincularla de las acusaciones de uso político.

La suspensión provisional del juez federal abre un nuevo capítulo en la controversia en torno a esta ley, mientras se espera que las autoridades poblanas brinden mayor claridad sobre su implementación.

Con información de MILENIO