Ciudad de México.- Un juez en el estado de Chihuahua fijó un plazo de ocho días para que se le regresen 10 ranchos al exgobernador de Chihuahua, César Duarte de Ochoa, quien está preso por el presunto delito de malversación de fondos.

El impartidor de justicia de la octava sala civil especializada en extinción de dominio, Erik Alberto Parada, consideró que al quitarle sus bienes al exgobernador priista se violentó el debido proceso que se le sigue.

El acuerdo judicial para regresarle los 10 ranchos al exmandatario estatal de Chihuahua se realizó el pasado 3 de septiembre, por lo que si Fiscalía de Chihuahua decide incumplir la medida se le aplicará una multa.

Incluso se colocará en la hipótesis de incurrir en la figura del desacato, lo que quedó establecido en el oficio 2459/2021, mismo refiere al juicio de extinción de dominio con relación a los bienes del exgobernador.

El juez no refiere ni sustenta un acuerdo de voluntades, “sino el cumplimiento irrestricto del orden legal ordenado por quien tiene facultades, argumentos y fundamentos para tal mandato”, argumentó.

El abogado de César Duarte de Ochoa dijo que la administración anterior trató de “manera ilegal y absurda privar de su propiedad a nuestro defendido”, lo que no violentó el debido proceso, “sino cualquier ejercicio razonable de justicia”, expresó.

Lo anterior porque se trata de bienes que fueron adquiridos por el acusado mucho antes de haber asumido el cargo de gobernador de Chihuahua.

¿De qué se le acusa al exgobernador César Duarte de Ochoa?

Al gobernador se le vincula con la “Operación Zafiro”, con la que millones de pesos supuestamente fueron desviados para las campañas del PRI. Otro de los casos por lo que fue señalado es haber usado recursos del gobierno para impulsar la creación de un banco del que era socio.

El 8 octubre 2019, la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, libró orden de aprehensión en contra de Duarte Jáquez por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El 18 diciembre de ese mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para tramitar la solicitud formal de extradición de ante el Gobierno de los EU.