Washington.– Un juez estadounidense dictaminó el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede retener fondos federales destinados a los gobiernos de las ciudades santuarios por el hecho de dar algún tipo de protección a los migrantes irregulares.

Trump ha prometido deportar a millones de migrantes sin permiso de residencia, una de las medidas de su programa de mano dura contra extranjeros que centró su campaña para conseguir un segundo mandato.

San Francisco, Chicago y Nueva York son consideradas ciudades santuario porque prohíben a sus funcionarios que cooperen con las agencias federales en la identificación y expulsión de migrantes irregulares.

El presidente republicano ha arremetido contra las autoridades locales que desoyen las órdenes de su gobierno y ha amenazado con cortar los fondos federales destinados a carreteras e infraestructuras de transporte a menos que estas ciudades y condados cooperen con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Trump y su administración “QUEDAN POR LA PRESENTE RESTRINGIDOS Y PROHIBIDOS de tomar directa o indirectamente cualquier acción para retener, congelar o condicionar fondos federales de las ciudades y condados” que protejan de alguna manera a los irregulares, escribió en una orden Stephen Miller, juez del Distrito Norte de California.

El subjefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, dijo en X que el “golpe (de Estado) judicial continúa”.

Aunque varían según cada caso, las ciudades santuario suelen prohibir a los funcionarios locales que informen a los agentes federales sobre la presencia de migrantes irregulares si estos corren riesgo de ser deportados.

Las administraciones anteriores han llevado a cabo deportaciones de forma rutinaria, pero en su segundo mandato, Trump utiliza aviones militares e incluso trata de cancelar los visados de estudiantes extranjeros que protestan contra la política estadounidense.

El republicano también ha invocado una ley del S.XVIII, solo usada en tiempos de guerra hasta ahora, para expulsar a El Salvador a cerca de 300 migrantes a los que acusa de pertenencia a bandas criminales.

Un juez federal impidió la semana pasada que el gobierno de Trump revocara el estatus legal de cientos de miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

La Casa Blanca advirtió en marzo que estaba trabajando para cancelar el permiso de residencia de unos 532 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo un programa aprobado por el expresidente Joe Biden en octubre de 2022.

El programa del demócrata permitía la entrada en Estados Unidos durante dos años a un máximo de 30 mil migrantes al mes procedentes de estos cuatro países.