Washington, D.C. — Una jueza federal ha asestado un revés a la política migratoria del presidente Donald Trump al bloquear temporalmente el uso de la deportación acelerada contra cientos de miles de inmigrantes que habían ingresado al país legalmente bajo programas de libertad condicional.

La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, emitió la orden en respuesta a una demanda presentada por organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack y CASA, argumentaron que el gobierno de Trump está utilizando un proceso de deportación “profundamente defectuoso” para expulsar a inmigrantes que huyeron de la persecución en sus países de origen.

La querella solicitaba detener la expulsión de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a través de programas como la Operación Aliados Bienvenidos o el programa de patrocinio para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), y a quienes se les negaba el derecho a una audiencia y representación legal.

En su fallo, la jueza Cobs cuestionó la legalidad de la medida, señalando que el gobierno no puede cambiar las reglas de forma retroactiva para deportar a personas que entraron al país conforme a las normas establecidas. También comparó las tácticas de expulsión acelerada con las prácticas de las naciones de las que los inmigrantes intentaron escapar.

El bloqueo representa un nuevo obstáculo para la administración de Trump, que ha intensificado sus metas de arrestos y deportaciones a un promedio de 800 por día. Angélica Salas, directora de Chirla, aplaudió la decisión y afirmó que los demandantes “merecen la dignidad de un día en la corte”.

La disputa legal se produce después de que la Casa Blanca derogara en marzo el programa CHNV, que había permitido a más de 500,000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua vivir y trabajar temporalmente en EE.UU.