Washington.- Una jueza federal en Pensilvania dio este martes su apoyo al gobierno del presidente Donald Trump en el uso de una ley —usada solo en tiempos de guerra—para expulsar a migrantes, en su mayoría venezolanos, de Estados Unidos.

La jueza Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, concluyó que el Ejecutivo puede continuar con la expulsión de los migrantes siempre y cuando les alerte con suficiente antelación (21 días) y se les ofrezca un “debido proceso”.

Haines, a su vez, también señaló que la justificación del gobierno para usar la Ley de Enemigos Extranjeros es válida, ya que el Departamento de Estado reconoce al Tren de Aragua como una organización criminal que amenaza la “seguridad pública” del país norteamericano.

Varios jueces en diferente partes del país —incluyendo en Texas y Nueva York— han fallado en contra del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno.

Por ahora, las autoridades no han programado más vuelos hacia El Salvador y la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya pidió al Supremo que intervenga y decida si lo que está haciendo el gobierno de Trump es o no inconstitucional.

A mediados de marzo, Estados Unidos trasladó a más de 230 migrantes —en su mayoría venezolanos— a la megaprisión salvadoreña conocida como Cecot, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

El gobierno de Trump acusó a los migrantes de formar parte del Tren de Aragua, una banda criminal que se originó en cárceles de Venezuela y que Washington calificó como “terrorista”.

Sin embargo, varios informes han demostrado que la mayoría de ellos —un 90 por ciento según el medio neoyorquino Bloomberg— no tienen antecedentes penales.

Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar a migrantes detenidos al Cecot.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

El Supremo de Estados Unidos prohibió al gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.