Ginebra.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, demandó hoy que se lleve ante la justicia a los perpetradores de actos de tortura en la prisión de Guantánamo.

Externó su “profunda decepción” por el incumplimiento de la promesa del gobierno del presidente Barack Obama de cerrar dicho centro de detención arbitraria.

“Los individuos que hayan perpetrado, ordenado, tolerado o aprobado la tortura y los malos tratos deben ser llevados ante un tribunal de justicia”, instó la Alta Comisionada en un comunicado.

La juez sudafricana subrayó que el derecho internacional exige “una investigación completa y sistemática de todas las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura”, delitos que supuestamente se cometieron en la prisión de Guantánamo en la isla de Cuba.

Pillay sostuvo que se deben hacer todos los esfuerzos para llevar ante la justicia a todos los responsables de la formulación, aprobación y la aplicación de “métodos coercitivos de interrogatorio, análogos a la tortura, de acuerdo con el derecho internacional”.

El artículo dos de la Convención contra la Tortura, que Estados Unidos ratificó en 1994, establece que “ninguna circunstancia excepcional, sea un estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, podrá ser invocada como una justificación de la tortura”.

Además señaló que “no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.

Asimismo, Pillay expresó su más “profunda decepción” por que el gobierno de Washington no ha logrado cumplir su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo y en cambio “ha afianzado un sistema de detención arbitraria”.

“Han pasado diez años desde que el Gobierno de Estados Unidos abrió la prisión en Guantánamo, y ahora tres años desde que el 22 de enero de 2009, el presidente (Barack Obama) ordenó su cierre para ese mismo año”, recordó.

“Sin embargo, la prisión de Guantánamo sigue existiendo y los presos permanecen detenidos arbitraria e indefinidamente en clara violación del derecho internacional”, afirmó la Alta Comisionada.

“Para empeorar las cosas”, Pillay hizo referencia a la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional en diciembre de 2011, la cual justifica que cualquier ciudadano estadunidense puede ser detenido como terrorista de manera indefinida sin cargos ni juicio.

“Esta ley contraviene algunos de los principios fundamentales de la justicia y los derechos humanos, a saber, el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser detenido arbitrariamente”, sostuvo Pillay quien subrayó que a nadie se le debe privar de su libertad “durante años sin ser juzgado y condenado o puesto en libertad”.

La Alta Comisionada recordó el compromiso de Obama en su declaración el 31 de diciembre de 2011 para interpretar las secciones pertinentes de la Ley de Autorización de Defensa Nacional “en una manera que asegure que toda detención se autoriza conforme a la Constitución, las leyes de guerra y todas las otras leyes aplicables”.

“A pesar de reconocer plenamente el derecho y el deber de los Estados de proteger a su pueblo y su territorio de actos terroristas, les recuerdo a todas las ramas del gobierno de Estados Unidos su obligación bajo la ley internacional de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”, reiteró Pillay.

“Cuando existe evidencia creíble en contra de los detenidos en Guantánamo, deben ser acusados y procesados, de lo contrario, deben ser liberados”, indicó.

Por otra parte, Pillay instó al gobierno de Estados Unidos, en tanto que Guantánamo sigue abierta, para asegurarse de que las condiciones de detención cumplan plenamente con las normas de derechos humanos de acuerdo al derecho internacional.

Lamentó además la negativa del gobierno para autorizar la visita de los mecanismos de monitoreo de Naciones Unidas al mencionado centro de detención.

“Insto al Congreso de Estados Unidos que tome medidas para cerrar la prisión de Guantánamo -como señaló su deseo de hacer- en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno en virtud del derecho internacional, y al hacerlo, a que respeten plenamente el principio de no devolución, según el cual un preso no debe ser enviado de vuelta a un país en donde pudiera ser torturado”, concluyó Pillay.