Ciudad de México.- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Salas, dijo el martes que sacrificando requisitos previos se pueden realizar unas elecciones generales a fines del 2023, mientras el Congreso debate un adelanto de los comicios en medio de protestas por la destitución del ex mandatario Pedro Castillo.

El Congreso, dominado por la oposición, había rechazado la semana pasada la posibilidad de realizar elecciones anticipadas, pero el martes decidió reconsiderar su decisión y evalúa nuevamente la iniciativa propuesta por la nueva presidenta Dina Boluarte.

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El sistema electoral se encuentra en posibilidad de asumir ese reto, pese a las dificultades que connota, con la finalidad de apoyar en la tarea colectiva de sembrar la paz“, dijo Salas en un mensaje difundido por Twitter.

Boluarte asumió al cargo el 7 de diciembre luego de la expulsión y arresto del ex presidente izquierdista Castillo, que intentó de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el sistema judicial en el país.

Tras tomar el mando, la presidencia se ha visto sacudida por violentas protestas en varias regiones del país, que han dejado al menos 21 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y otros seis fallecidos más en incidentes relacionados con los bloqueos de carreteras, según las autoridades.

En las protestas los manifestantes reclaman elecciones inmediatas y el cierre del Congreso, y otros piden además la libertad de Castillo y la renuncia de la presidenta Boluarte.

Salas afirmó que considerando la “urgencia social” se pueden sacrificar las elecciones primarias, clave en un proceso, para realizar y culminar las elecciones en diciembre del 2023.

Legisladores, en su mayoría de izquierda, se oponen a la propuesta de nuevas elecciones porque quieren que se incluya también la creación de una asamblea constituyente, una idea que ha sido rechazada por la presidenta Boluarte.

La asamblea constituyente ha sido un deseo de los partidos izquierdistas por muchos años, en busca de cambiar la actual Constitución -vigente desde 1993 y favorable a una economía de libre mercado-, para darle un rol más activo al Estado.

Mas temprano, México concedió asilo político a la familia del ex presidente Castillo en la embajada de ese país en Lima. Castillo tiene dos hijos menores y ha convivido con una de sus cuñadas que considera como “su hija”.

El ex gobernante se encuentra en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por rebelión, delito que él niega.

La policía y las fuerzas armadas peruanas han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas de humo desde helicópteros. El ejército afirma que los manifestantes, la mayoría en el sur andino de Perú, han usado armas y explosivos caseros.

Con información de Milenio.