Londres .- La justicia británica anunciará el martes su fallo sobre el recurso presentado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra su extradición a Estados Unidos, que lo reclama por cargos de espionaje por la filtración masiva de documentos confidenciales.

Tras dos audiencias en febrero, dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, darán a conocer su fallo el martes a partir de las 10 horas 30 GMT, indicó esa corte en su agenda publicada este lunes.

Los jueces deben decidir si otorgan al australiano de 52 años el derecho a apelar contra su extradición a Estados Unidos, aceptada en junio de 2022 por el gobierno británico.

“ Aquí estamos. DECISIÓN MAÑANA“, dijo Stella Assange, la esposa de Assange, en la red social X.

Según Stella Assange, en caso de derrota, Julian Assange remitiría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la esperanza de suspender la extradición, pero los plazos son limitados.

La justicia de Estados Unidos le reclama por haber publicado a partir de 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.

Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 tras pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en una investigación por violación, desestimada en 2019.

Inside the CIA’s plot to assassinate Julian Assange

UK court decision: Tomorrow March 26th 10.30am GMT #FreeAssangeNOW #FreeAssange pic.twitter.com/r9qaErr3NT

— WikiLeaks (@wikileaks) March 25, 2024

Riesgo de suicidio

Los partidarios de Assange han pedido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que retire los 18 cargos contra él impuestos durante el primer mandato de Donald Trump.

En las últimas semanas, los familiares del australiano, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, han alertado del deterioro de su estado de salud.

Su defensa también advierte el riesgo de suicidio en caso de extradición.

Assange estuvo ausente por razones médicas de las audiencias judiciales de febrero, durante las cuales decenas de sus seguidores acudieron a mostrarle su apoyo.

Durante esos dos días de debates, sus abogados trataron de convencer a los magistrados de que este proceso en su contra es “político” y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida.

Según dijo entonces su abogado, Edward Fitzgerald, el australiano está siendo juzgado por “prácticas periodísticas ordinarias” consistentes en “obtener y publicar información”.

Agregó que por ello su cliente se enfrenta a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y “existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia.

La abogada Clair Dobbin, que representa al gobierno estadounidense, argumentó por su parte que Assange había publicado “indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos“.

“ Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas“, argumentó. 

En enero de 2021, la justicia británica falló inicialmente a favor del fundador de WikiLeaks. Hablando del riesgo de suicidio, la jueza Vanessa Baraitser se negó entonces a autorizar la extradición. Pero esa decisión fue revertida más tarde.

Sobre el trato que recibiría si es extraditado, Estados Unidos afirmó que no sería encarcelado en la prisión ADX de alta seguridad de Florence (Colorado), apodada la “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, y que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria.

Washington también ha planteado la posibilidad de que pueda solicitar cumplir su condena en Australia.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, denunció recientemente la persecución de Assange por parte de la justicia estadounidense y el parlamento australiano adoptó una moción pidiendo ponerle fin.