Amber Thurman, de 28 años, murió en agosto de 2022 por complicaciones tras tomar la píldora abortiva para interrumpir un embarazo.
Una comisión oficial del estado de Georgia (sur) dictaminó que su muerte era “evitable” si se hubiera sometido a una intervención a tiempo para salvarle la vida.
Se acababa de aprobar una ley que tipificaba este procedimiento, conocido como dilatación y legrado y destinado a vaciar el útero, como delito, salvo raras excepciones.
“ Esta joven madre debería estar viva, criando a su hijo y persiguiendo su sueño” de estudiar enfermería, afirmó Harris en un comunicado.
Thurman, que ya tenía un hijo, tuvo que viajar a Carolina del Norte para abortar debido a que en Georgia no podía hacerlo luego de las seis semanas de embarazo.
Tras tomar la píldora abortiva (mifepristona y misoprostol) empezó a sangrar más de lo normal y fue al hospital.
Los médicos comprobaron que no había expulsado todo el tejido fetal y le diagnosticaron una “septicemia aguda”.
Pero a pesar del rápido deterioro de su salud, el hospital esperó 17 horas antes de llevar a cabo el procedimiento de dilatación y legrado. Thurman murió durante la operación.
En 2022 la Corte Suprema, de mayoría conservadora, sobre todo desde el mandato de Donald Trump, dejó en manos de los estados la posibilidad de legislar localmente sobre el derecho al aborto, que se ha convertido en uno de los grandes temas de los comicios del 5 de noviembre.
“ En más de 20 estados las prohibiciones del aborto de Trump impiden que los médicos presten atención médica básica”, denunció Harris. Y advierte que si el republicano, su rival en los comicios, “tiene la oportunidad, firmará una prohibición nacional del aborto”.
“ Tenemos que aprobar una legislación para restaurar la libertad reproductiva“, concluyó.
