Washington .- La Casa Blanca se apoyó este miércoles en el testimonio de la madre de una mujer asesinada por un migrante salvadoreño para justificar su política antimigratoria y de deportaciones, que está en el punto de mira de diversos tribunales.

La comparecencia de Patty Morin tuvo lugar el mismo día que el magistrado James Boasberg concluyó que la Administración de Donald Trump desafió de forma deliberada su orden de frenar los traslados de migrantes a El Salvador y en que aseguró que ha encontrado causa probable para declararla en desacato.

La Presidencia estadounidense incluyó a última hora en la agenda del día una rueda de prensa de su portavoz, Karoline Leavitt, y tanto por email como en las redes anunció que iba a haber un “invitado sorpresa”.

Se trató de la madre de Rachel Morin, una mujer de 37 años y madre de cinco hijos asesinada en agosto 2023 y de cuyo asesinato y violación fue declarado culpable esta semana el salvadoreño Victor Antonio Martínez, de 24 años, de quienes las autoridades dicen que entró sin autorización en EE.UU. en febrero de ese año tras supuestamente haber matado a una mujer en su país.

“ Este es el tipo de criminales que el presidente Trump quiere expulsar de nuestro país. Este es el tipo de criminales que necesitamos expulsar de nuestro país. Somos ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué deberíamos permitir que gente como esta, criminales violentos sin conciencia alguna, asesine a nuestras madres, hermanas, hijas?”, preguntó Morin.

Hay que mirar la situación, añadió, “en tanto que ciudadanos estadounidenses”, no desde una óptica de izquierdas o de derechas: “Necesitamos proteger a nuestras familias, a nuestras fronteras, a nuestros hijos. No me importa la política”.

El Ejecutivo ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas. Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.

El caso más mediático es el de Kilmar Ábrego García, que fue enviado a la cárcel de máxima seguridad Cecot pese a no tener tales antecedentes y a contar con una estatus legal en EE.UU.

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitió la semana pasada un fallo respaldando una orden de la jueza Paula Xinis que instruye al Gobierno a “facilitar” su retorno, tanto El Salvador como EE.UU. se han negado a hacerlo y desde ese último país se insiste sin pruebas en que pertenece a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), considerada por Washington una organización terrorista.

“ (El presidente salvadoreño, Nayib) Bukele dejó claro esta semana que no liberará a este pandillero de la MS-13, pero todo eso no basta para detener las mentiras del Partido Demócrata. Su principal preocupación ahora mismo es traer de vuelta a Estados Unidos a este terrorista inmigrante ilegal”, señaló Leavitt en ese acto de apenas 15 minutos y donde no se aceptaron preguntas.

El senador demócrata Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador para abogar por su liberación y subrayar que fue “secuestrado ilegalmente”, y apuntó en X que abordó este tema con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, que no le permitió visitar al preso.