Pekín.- La política del hijo único en China, en vigor desde 1978, ha provocado el rechazo de algunos grupos sociales, en especial en el medio rural, donde su aplicación ha conllevado excesos como los denunciados por el activista Chen Guangcheng.

Las autoridades reformistas del Partido Comunista de China decidieron aplicar en 1978 una “planificación familiar” a escala nacional que imponía a todas las parejas casadas del país que tuvieran únicamente un solo hijo, con algunas excepciones entre las minorías étnicas y sectores del campo.

Pekín daba así un giro copernicano a las políticas de la era de Mao Zedong, que percibía la expansión demográfica como un medio para aumentar la productividad en el campo y en las industrias, y fomentó una expansión demográfica en un país que a su llegada al poder en 1949 tenía unos 550 millones de habitantes y a su muerte, en 1976, contaba con 937 millones.

Un informe de la Comisión Nacional para la Población y la Planificación Familiar publicado en diciembre de 2011 aseguró que la política del hijo único había evitado el nacimiento de 400 millones de personas, logrando estabilizar la cifra de población china por debajo de los mil 400 millones.

Pero esta política, cuyas directrices rechazan en algunos sectores del campo donde las condiciones de vida son precarias y donde la tradición promueve tener más de un descendiente, no ha estado exenta de polémicas.

Por un lado, organizaciones de derechos humanos, defensores civiles y abogados como el propio Chen Guangcheng han denunciado la agresividad con la que las autoridades locales han impuesto a la población la normativa: esterilizaciones masivas y forzosas, abortos aplicados a madres de hasta ocho meses de embarazo, homicidio de recién nacidos, torturas y amenazas figuran como algunas de las denuncias.

Los expertos en derecho chino apuntan que la ley establece cuantiosas multas a las familias que incumplan las normativas, pero en ocasiones –como en el caso de Lingyi, localidad de Shandong en la que Chen ayudó a las familias afectadas- las autoridades locales hacen caso omiso y utilizan métodos extralegales y violentos.

En segundo lugar, la política de planificación familiar ha sido criticada recientemente por los eventuales efectos contraproducentes para la economía y la demografía chinas.

Así, un informe presentado por el propio ministerio de Salud chino en agosto pasado indicó que la diferencia entre el número de mujeres y de hombres ha crecido desde 1982, cuando el ratio era entonces de 108 hombre por cada 100 mujeres, y desde 1990, cuando se situó en 111 hombres por cada 100 mujeres.

Los expertos estiman que, como consecuencia, al menos diez millones de hombres no podrán casarse durante la próxima década a causa del desequilibrio demográfico, ya que en China –como en buena parte de Asia- las familias suelen preferir un varón como único descendiente.

Además, la caída de la natalidad está provocando un envejecimiento de la población y, a medio y largo plazo, amenaza con tener un impacto negativo en la economía del país, que ha logrado emerger de la pobreza los últimos 30 años gracias a la disponibilidad de mano de obra barata y abundante.

Así, los expertos indican que China podría perder la ventaja comparativa que le proporciona a su economía la abundante mano de obra barata, como consecuencia del envejecimiento de la población y la disminución de la masa laboral.

Algunas provincias como la de Cantón –una de las más prósperas y abiertas del país- han reaccionado evocando la posibilidad de levantar o flexibilizar la política del hijo único, pero Pekín se ha opuesto por el momento a ello.