Brasil.- Presionado por su futuro económico, el grupo Camargo Correa, uno de los 20 mayores holdings brasileños, pactó el viernes pasado un “perdón” del consejo de defensa económica de Brasil (CADE), que lo habilita a presentarse en licitaciones del Estado. La condición para ese “acuerdo de indulgencia” fue delatar, con pruebas concretas, el esquema de cartelización montado entre varios grupos empresariales para la construcción de la central nuclear Angra 3.

Este modelo de delación fue y es amparado, en los hechos, por el gobierno de Dilma Rousseff. La razón es simple: la presidenta de Brasil reveló que la acción policial y judicial sobre la corrupción en Petrobras costó ya 1% del producto bruto del país, equivalente a unos US$20.000 millones. Esa evaluación presidencial, que fue explicitada ante 12 ministros, representa lo que se perdió entre obras suspendidas en la petrolera y empresas que actuaban en ese ámbito y que debieron paralizar los trabajos. Según Rousseff, la “inestabilidad política” contribuyó a empeorar la crisis empresarial alrededor de la estatal.

Lo cierto es que el gobierno ya había defendido ante la Cámara de Diputados la necesidad de adoptar esos pactos. Le tocó al abogado general de la Unión (AGU) Luis Adams quien defendió esa clase de arreglos ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo en la petrolera estatal.

En ese contexto, Camargo Correa optó por confesar su participación en licitaciones que fueron “ganadas” a cambio de pagar coimas. Es el caso de las obras de Angra 3, la tercera usina nuclear, donde las constructoras brasileñas consiguieron, en conjunto, contratos de más de 1.000 millones de dólares. Las otras involucradas son Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, EBE, la subsidiaria Techint y UTC. La compañía “delatora” también dio los nombres de 22 ejecutivos de esas firmas que participaron directamente en el pago de las coimas a cambio de ventajas para el consorcio Angramon en el que estaban asociadas.

En el relato de la Camargo, Odebrecht y UTC tenían un papel dominante en el cartel de Angra 3. Sus representantes negociaban directamente con Eletronuclear, la estatal que opera las dos atómicas en funcionamiento: Angra 1 y 2. El contacto, reveló la constructora, era el director de la empresa, el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, preso desde hace una semana, y parte de los recursos tenían como destino alimentar las arcas del Partido del Movimiento Democrático brasileño (PMDB). Esta agrupación forma parte de la coalición oficialista que sustenta el gobierno de Rousseff. Pero está también integrada por el “neo opositor” Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y por el también filo opositor Renan Calheiros, titular del Senado. Ambos están mencionados entre los políticos que recibieron “beneficios” de los ex directores de Petrobras que formaban parte de la banda de coimeros.

De acuerdo con el testimonio del ex presidente de Camarago Correa, Dalton Avancini, había un “compromiso” de aportar 1% del valor de los contratos al PMDB.

Hasta ahora, se supo de las escandalosas coimas pagadas a ex gerentes de Petrobras a partir de realizar 16 operaciones policiales, que derivaron en 160 investigaciones, 96 órdenes de prisión, 28 denuncias y 30 condenas. Todas estas iniciativas fueron realizadas por fiscales de Curitiba bajo el comando del juez federal Sergio Moro. Sin embargo, ese equipo dejó puntas al descubierto en las que prefirieron no ahondar. Es el caso de obras realizadas en Minas Gerais, bajo el gobierno de Aécio Neves, el candidato derrotado por Dilma en las presidenciales del año pasado. Archivos encontrados en las oficinas del ex presidente de Camargo Correa sugieren los mismos delitos de cartelización observados en la petrolera estatal y en Angra 3. Neves es un senador que lidera la oposición a Rousseff.

Con todo, Camargo Correa solo se limitó a denunciar, como empresa, el esquema ilegal montado para el caso de Angra. Según el comunicado de esta constructora, “las informaciones y documentos presentados a las autoridades (de la CADE) son fruto de investigaciones internas, conducidas por la compañía, con la ayuda de especialistas externos y forenses independientes”. En esa circular, garantizó su “compromiso de colaborar con las investigaciones, como también de mantener los esfuerzos de mejorar los mecanismos internos de compliance”.

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