Que no fue el Estado, fueron las colchonetas. Las mismas que –según la versión del Presidente– incendiaron los migrantes recluidos en el centro de repatriación humana de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración y causaron la muerte de 39 extranjeros originarios de Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, el lunes.

Pero la cuestión es más grave de lo que ya de por sí parece. Dichas colchonetas, para comenzar, las adquirió en dos partidas el INM el año pasado. La primera el 17 de octubre y la segunda el 19 de diciembre de 2022. Y entre ambas pagó 56 millones 224 mil 144 pesos a Home Focus, S.A. de C.V., un fabricante de telas de Lerma, Estado de México, a un precio unitario de mil 322 pesos (IVA incluido). No obstante, cotizadas al menudeo, no cuestan más de 322 pesos individualmente. Eso significa que el INM pagó un sobreprecio estimado en 50 millones de pesos en la operación. La corrupción mata.

Que no fue el Estado, fueron las cámaras de seguridad. Concretamente un problema: la difusión del video que mostró a la “subrepresentación local Libertad” en la frontera de Chihuahua minutos antes de la tragedia, y consecuentemente indignó a la opinión pública nacional.

Sin embargo en todos lados hay fallas. El 25 de noviembre de 2022 el INM firmó el contrato con Servicios Integrales Sarpy, S.A. de C.V., por 48 millones 469 mil 90 pesos, para el “mantenimiento de las cámaras de video vigilancia”.

En el documento –en poder de quien esto escribe– no se incluyeron aquellas de Ciudad Juárez que captaron la impactante imagen ampliamente difundida de los guardias huyendo del incendio sin liberar a los migrantes encerrados tras las rejas. Omisión que pudo influir en la nula capacidad de respuesta para controlar el incidente vía remota.

Y ahí no acaba el asunto. El negocio fue adjudicado a la sociedad mercantil domiciliada en Guasave, Sinaloa, creada en 2012 con el objeto de comprar y vender, importar y exportar, almacenar y distribuir, y principalmente capturar… ¡camarón y tiburón! Que no fue el Estado, fue la empresa de seguridad privada (contratada por el Estado, a través del INM). El caso no es nuevo.

En este mismo espacio se publicó los días 5 y 7 de marzo la historia del regiomontano Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien posee desde 2019 una patente de “Cónsul Honorario” de Nicaragua en Saltillo y con su empresa de seguridad privada, Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), S.A. de C.V., y una serie de factureras y personas morales creadas recientemente para triangular operaciones, constituidas en serie por él y sus socios, facturó 4 mil 575 millones de pesos del Gobierno federal en tres años efectivos por presuntos servicios prestados.

Del total, Seicsa recibió del Instituto 644 millones 863 mil pesos en los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021. Entre sus obligaciones estuvo la custodia del inmueble defenestrado, ubicado en avenida Juárez 900, Zona Centro de Ciudad Juárez, con solo cuatro elementos en turnos de 12×12 horas.

Al respecto la Auditoría Superior de la Federación desnudó el modus operandi al concluir el 27 de enero de 2021 la fiscalización de la cuenta pública 2019, donde analizó específicamente un contrato del INM con Seicsa, identificado con el folio CS/INM/001/2019, por 286 millones 279 mil pesos “para la prestación del servicio de vigilancia, protección y seguridad a los inmuebles y bienes muebles del INM”.

En su dictamen, la ASF corroboró que Seicsa “no tenía capacidad técnica, material y humana” ya que la empresa del “Cónsul Honorario” de Nicaragua en Saltillo no contaba con personal dado de alta en el IMSS y, para evadir obligaciones de seguridad social y subcontratar, usó a las razones sociales Business Anywhere Solutions, S.A. de C.V., y SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V.

Por si fuera poco proporcionó reportes incompletos de su trabajo y solo 52 millones 783 mil pesos se justificaron en el registro contable del INM (lo cual significa que 233 millones 496 mil pesos fueron entonces pagos injustificados).

En esa misma partida, pero para Matamoros, Tamaulipas, específicamente las instalaciones del Puente Nuevo Internacional Puerta México, punto de internación, se contrató un elemento de Seicsa en turnos de 12×12 horas.

Ahí mismo, como consta en una nota publicada en el periódico El Bravo, la cual se documenta con testimonios de migrantes, no son los servidores públicos de Migración quienes atienden a estos, sino que delegan esa función a los guardias de seguridad privada.

Si bien en 2022 el INM contrató a Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., para la vigilancia en todas las delegaciones del país, el 28 de febrero de 2023 adjudicó por 87.5 millones de pesos el folio CS/INM/016/2023 a la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque focalizado solo a CDMX y Edomex. Es decir, en su base de datos oficial no consta un expediente formalizado en 2023 con alguna compañía de seguridad privada para Ciudad Juárez.

Ayer por la tarde, durante la conferencia sobre el asunto encabezada por la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, el hipotético nombre no fue revelado “por ser sujeto de investigación”. Aún así se descargó en dicho supuesto la responsabilidad y culpa.

Cortita y al pie

Por lo demás, ASBIIN, S.A. de C.V., de Naucalpan, Estado de México, es otro de los favorecidos por el presupuesto del INM. Sin antecedentes de contratación en el sexenio pasado, desde que arribó en 2018 al poder Morena se agenció múltiples negocios millonarios con la Administración Pública Federal, incluyendo la limpieza de la Oficina del Presidente, en Palacio Nacional. Algo pasó después en esa relación que, curiosamente (pues en el actual régimen todo se puede y todo se vale por más errado o absurdo que sea), fue multada e inhabilitada un año por la Secretaría de la Función Pública, del 23 de enero de 2023 al 23 de enero de 2024. El motivo: proporcionar información falsa en un procedimiento de contratación.

En el tema que nos ocupa, obtuvo 213 millones 542 mil 951 pesos de 2020 a 2022 mediante 11 adjudicaciones con el INM por “limpiezas” realizadas en toda la República. ¿Existieron en realidad, considerando las condiciones de hacinamiento?

Otro más. Operadora de Comedores Saludables, S.A. de C.V., de Cuernavaca, Morelos, entre 2019 y 2023 ha cobrado mil 17 millones 24 mil pesos del INM en “servicio de alimentos para personas extranjeras migrantes”. ¿Cómo verificar que sí han devengado esos recursos, si las condiciones a ojos vistos son inhumanas?

La última y nos vamos

El asunto con el Gobierno de la 4T se resume así: es tan incompetente que no hay Estado para atender con sus propios medios (en este caso, al carecer de suficientes funcionarios para hacer frente a la demanda migratoria). Entonces privatiza y delega el servicio a un particular (cuyas atribuciones no son custodiar migrantes, sino inmuebles y muebles; ahí se gesta un problema).

Y ese servicio subrogado a terceros, a su vez, ha sido exprimido por una mano invisible de la administración (se gasta mucho, se obtiene poco). La conclusión entonces es la misma muchos millones de pesos después: existe saqueo pero tampoco hay Estado.

No fue un caso aislado. Por el contrario, es sistemático y la 4T se hunde en corrupción… que “ya no existe”.