El sector de las telecomunicaciones en México ha estado sacudido los últimos días no sólo por la salida de Movistar.

Existe una paradoja: mientras el consumo de datos móviles crece más de 6 gigas mensuales por usuario, apenas 14% de la población tiene acceso a redes 5G, según The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto Piedras.

Esta cifra contrasta con el promedio de 41% en países de la OCDE, y revela una desconexión entre demanda y capacidad tecnológica.

La causa principal de este rezago no es técnica, sino fiscal. México mantiene uno de los regímenes de espectro más caros del mundo, como lo han señalado organismos internacionales como la OCDE y la GSMA.

El modelo mexicano, basado en subastas iniciales seguidas de pagos anuales desproporcionados, distorsiona la eficiencia económica del espectro y desincentiva su tenencia.

Y tras todo esto la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano, publicó un boletín metodológico que afirma que “el costo del espectro en México está 7% por debajo del promedio internacional”.

La afirmación, sin embargo, es difícil de sostener, rayando en lo ridículo.

El estudio de la CRT presenta serias deficiencias metodológicas: no especifica las bandas clave para tecnologías 4G y 5G, omite el cálculo del valor presente neto de los pagos anuales y mezcla países con condiciones regulatorias, económicas y técnicas completamente dispares.

Es un ejercicio comparativo que parece diseñado para justificar una narrativa, más que para reflejar la realidad.

La contradicción es evidente: mientras operadores como Movistar y AT&T han devuelto espectro por su alto costo, y las licitaciones recientes han quedado desiertas, la CRT insiste en que México tiene espectro “barato”.

¿Cómo puede ser barato algo que nadie quiere pagar?

Los efectos del alto costo del espectro no son una hipótesis académica. Son hechos concretos. Entre 2019 y 2024, la recaudación por derechos anuales cayó 16 por ciento.

Las devoluciones de espectro por parte de operadores son prueba de que el modelo actual no es sostenible.

La GSMA estima que, si México adoptara una política de espectro alineada con estándares internacionales, 5 millones de personas adicionales tendrían cobertura 4G y las velocidades móviles serían 32% más rápidas.

Es decir, el costo del espectro no sólo afecta a las empresas, sino directamente a los usuarios.

México necesita una reforma profunda en su política de espectro. La estrategia debe ser dual: reducir los derechos anuales nominalmente y establecer mecanismos de descuento ligados a inversiones en cobertura.

Sólo así se podrá romper el círculo vicioso en el que altos costos reducen la tenencia, la baja tenencia reduce la recaudación, y la baja recaudación perpetúa los precios altos.

La CRT tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero para ello debe abandonar la tentación de maquillar cifras y enfrentar la realidad con rigor técnico y visión de futuro.

GRUPO BIMBO anunció el nombramiento de Alejandro Rodríguez Bas como nuevo director general, tras la renuncia de Rafael Pamias Romero por motivos personales y de salud. Rodríguez Bas, quien lideraba Barcel global desde 2021, cuenta con una sólida trayectoria en empresas multinacionales como PepsiCo, Grupo LALA y Acosta Sales and Marketing. Ingeniero por la Universidad Panamericana y con MBA en Harvard, ha impulsado la expansión internacional de Barcel y la innovación en la compañía.

GRUPO AEROPORTUARIO del Sureste (Asur), de Fernando Chico Pardo, confirmó que presentó una oferta para adquirir la cartera de aeropuertos de Motiva Infraestrutura de Mobilidade en Brasil y otros tres países, sin que exista aún un acuerdo firmado. La propuesta mexicana, valuada en unos 925 millones de dólares, supera hasta ahora a las de Aena y Corporación América Aeropuertos. La operación incluiría 17 aeropuertos en Brasil y terminales en Ecuador, Costa Rica y Curazao. Motiva busca concretar la venta antes de finales de 2025. Asur, que administra aeropuertos en México, Colombia y Puerto Rico, cerró 2024 con 71 millones de pasajeros y vería reforzada su presencia internacional si la transacción se concreta.

EL PAQUETE ECONÓMICO 2026 traerá ajustes fiscales que impactarán a bancos y aseguradoras, elevando costos que se trasladarán a consumidores. Las aportaciones al IPAB dejarán de ser deducibles para la banca, lo que incrementará sus gastos en unos 8 mil millones de pesos. En seguros, se eliminará la acreditación del IVA, afectando la rentabilidad en gastos médicos. Especialistas anticipan alzas en tasas de interés para nuevos créditos y mayores primas en seguros.

EL PRODUCTOR de cemento GCC obtuvo un laudo favorable en un arbitraje internacional por aproximadamente 70 millones de dólares, derivado de la disputa con Cimsa por la venta de su participación en Sobece en 2011. La resolución, que no admite apelación, permitirá a la cementera iniciar acciones para recuperar el pago, aunque no garantiza cuándo recibirá los recursos. Este resultado se suma al acuerdo conciliatorio alcanzado en 2023, tras más de una década de litigios en Bolivia y Estados Unidos.