Bruselas, Bélgica.- Los atentados de París evidencian la necesidad de profundizar la cooperación antiterrorista en la UE, pero el arsenal de medidas posibles choca con la reticencia de los Estados a compartir información y con la del Parlamento Europeo, inquieto por preservar la libertad de circulación del espacio Schengen.

El domingo, poco antes de que comenzaran las gigantescas manifestaciones en repudio a los ataques de la semana pasada en París, el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, enumeró las medidas a impulsar tras reunirse con 12 ministros europeos así como con el secretario de Estado de Justicia estadounidense.

Según Cazeneuve se deben modificar las reglas del espacio Schengen -el grupo de 26 países europeos, de los cuales 4 no son miembros de la UE, en los cuales no se llevan a cabo controles fronterizos- para que permitan un “control exhaustivo de algunos pasajeros”, la creación de un registro de datos personales de pasajeros de compañías aéreas (conocido como PNR), el intercambio de informaciones de los servicios de inteligencia, luchar contra el tráfico de armas o controlar internet para luchar contra la radicalización.

Estas ideas no son nuevas. El coordinador europeo de lucha contra el terrorismo, Gilles de Kerchove, impulsa desde 2008 una estrategia contra la radicalización. Pero los Estados no lograron ponerse de acuerdo.

“La Unión Europea no es el lugar para una cooperación operacional, sino solamente de un marco para establecer reglas comunes”, explicó Camille Grand, director de la Fundación para la Investigación Estratégica (FRS), al periódico francés Les Echos.

Los europeos no están siempre de acuerdo sobre una definición de “combatiente extranjero”, lamenta la Comisión Europea. Unos 3.000 ciudadanos europeos se unieron a los movimientos islamistas radicales en Siria y en Irak, de los cuales más de 1.000 son franceses.

Las reglas de los servicios de inteligencia para fichar a un sospechoso difieren entre los países, tanto como la gestión de los radicalizados que regresan a Europa o la colecta de pruebas de su participación en movimientos islamistas radicales.

Esta realidad bloquea la creación de un registro europeo de combatientes extranjeros, reclamada el domingo por Bélgica.

Los temas de interior y de justicia son competencias que atañen a la soberanía nacional y los Estados velan porque continúen siéndolo.

Lo mismo sucede con los servicios de inteligencia. “Los servicios de lucha contra el terrorismo prefieren trabajar de manera bilateral o en pequeños grupos”, señala Camille Grand. Desconfían de organizaciones como Europol o Interpol que ponen a disposición de demasiados países las informaciones que allí se comparten, explicó a la AFP un responsable europeo.

Y justamente los servicios de inteligencia son el pilar esencial de la lucha contra el terrorismo y del seguimiento de los jóvenes radicalizados, insisten los expertos.

Modificar Schengen

“Incluso antes de compartir las informaciones de inteligencia, hay que recuperarlas, y este trabajo se hace en el terreno, no en estructuras burocráticas”, señaló el eurodiputado francés Arnaud Danjean. Ello necesita medios financieros considerables que los gobiernos de la UE no tienen más. “Para seguir a un sospechoso las 24 horas, se necesitan 20 a 30 personas”, señala Gilles de Kerchove.

“Las “fallas” que lamentó el primer ministro francés, Manuel Valls, imponen una reforma de esas prácticas. “Hay que fijar objetivos precisos para compartir informaciones entre los Estados para alimentar las bases de datos”, insistió Kerchove.

Otro aspecto de la lucha contra los combatientes extranjeros es el control y el seguimiento de su movimientos. El espacio de libre circulación Schengen tiene un sistema de información común e impone un control en las fronteras exteriores. Pero el código de los controles fronterizos impide los controles sistemáticos de los ciudadanos de los 26 países miembros de la zona.

El domingo, el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, defendió, en declaraciones al diario El País, una modificación de este tratado para poder llevar a cabo controles fronterizos.

Los gobiernos europeos insisten también en la creación de un PNR, sobre la base del acuerdo de un registro de pasajeros que ya sellaron Estados Unidos, Canadá y Australia. Unos quince países ya tienen registros nacionales. Pero el Parlamento Europeo exige antes de aprobarlo que se adopte una legislación europea sobre la protección de datos personales. El debate está bloqueado desde 2011.

Todas estas medidas serán discutidas por los ministros de Interior y de Justicia de la UE en una reunión informal a fin de mes en Riga.