La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha dejado a México en una situación de vulnerabilidad frente a fenómenos como huracanes, sismos, incendios forestales e inundaciones.

Desde 2021, el país enfrenta cada emergencia sin un esquema financiero estructurado que permita liberar recursos de manera inmediata, lo que ha generado retrasos en la atención, incertidumbre en las comunidades afectadas y una presión creciente sobre los presupuestos estatales y municipales.

El Fonden, creado en 1996, funcionaba como un mecanismo de respuesta rápida ante desastres naturales.

Permitía canalizar apoyos para reconstrucción de infraestructura, atención médica, vivienda y servicios básicos, una vez que se emitía la declaratoria de desastre. Su eliminación, bajo el argumento de corrupción y burocracia excesiva, dejó un vacío que aún no ha sido llenado de forma efectiva.

En 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum asignó 19 mil millones de pesos para atender emergencias, pero sólo una fracción mínima, únicamente 471 millones, está etiquetada específicamente para el Programa de Bienestar en Emergencias Sociales o Naturales.

Esto ha generado críticas por la falta de transparencia, lentitud en la entrega de apoyos y ausencia de reglas claras para la distribución de recursos.

El impacto económico de los desastres naturales va más allá de los daños visibles. México ha concentrado cerca de 30% de las pérdidas económicas globales por fenómenos naturales en los últimos dos años, con afectaciones que superan los 110 mil millones de dólares.

La falta de un fondo estructurado ha ralentizado la reconstrucción de infraestructura crítica, afectado cadenas productivas, debilitado la confianza de inversionistas y profundizado la desigualdad en regiones vulnerables.

Como alternativas, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha recurrido a partidas presupuestales directas, bonos catastróficos por hasta 485 millones de dólares, seguros para eventos menores y los planes DN-III-E y Marina para atención inmediata. Sin embargo, expertos advierten que estos esquemas son reactivos, dispersos y dependen de la voluntad política, lo que limita su efectividad frente a emergencias de gran escala.

El sector privado ha comenzado a responder con soluciones de resiliencia, como generadores eléctricos para hogares e industrias, donaciones de maquinaria y apoyo logístico. Empresas han promovido tecnologías para enfrentar interrupciones energéticas derivadas de fenómenos naturales. No obstante, la coordinación entre actores públicos y privados sigue siendo limitada y desigual.

La desaparición del Fonden, sin duda, muestra la necesidad de contar con un fondo estructurado para emergencias. Mientras tanto, la factura de cada desastre la siguen pagando las comunidades más vulnerables, con pérdidas humanas, económicas y sociales que podrían evitarse con una mejor planeación, transparencia y voluntad política.

CANADIAN PACIFIC Kansas City (CPKC), que en nuestro país encabeza Óscar del Cueto, anunció la construcción de una planta de carga refrigerada en el sureste de México, en alianza con Americold Realty Trust. Esta será la tercera instalación conjunta, tras proyectos en Estados Unidos. y Canadá. La iniciativa busca fortalecer el comercio trilateral de productos sensibles a la temperatura, como proteínas y vegetales. Se estima que estará lista en 2026. CPKC ya opera el servicio México Midwest Express y promueve el transporte intermodal.

BANORTE RECIBIÓ la Insignia Saásil por la Condusef, gracias a su iniciativa Mujer Pyme Banorte, que impulsa el desarrollo de empresas lideradas por mujeres y que ha colocado más de mil 500 millones de pesos en créditos.  Tanto Marco Ramírez, CEO del banco, como Óscar Rosado, presidente de Condusef, subrayaron que apoyar a las mujeres empresarias es clave para el crecimiento económico y la equidad.

FINTECH MÉXICO firmó un acuerdo voluntario para adoptar las listas OFAC, fortaleciendo las prácticas de cumplimiento en el ecosistema fintech nacional. Esta medida, aunque no obligatoria en México, refuerza la transparencia y la prevención de operaciones ilícitas. El organismo dirigido por Claudia Núñez busca que el sector se alinee con estándares internacionales, y consolidar la confianza entre autoridades, inversionistas y usuarios.

EL CRECIMIENTO económico de México en el primer semestre de 2025 fue modesto, impulsado principalmente por las exportaciones netas, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Las exportaciones crecieron 12.8% anual, mientras que el gasto público avanzó 1.1%. Sin embargo, preocupa la caída de 4.4% en la inversión privada, atribuida a la incertidumbre por la reforma judicial. El análisis destaca la importancia de asignar eficientemente los recursos públicos ante la baja inversión física del Gobierno.