Ciudad de México.- Los usuarios de los servicios públicos quieren a alguien que les condone sus impuestos. Vulgarmente, se le conoce como “tener palanca”. De los ilícitos que involucran a servidores públicos federales, el tráfico de influencias es el delito menos investigado en el ámbito federal.

Entre los 15 delitos federales en los que pueden estar relacionados los funcionarios, en los últimos cinco años la PGR no ha iniciado una sola indagatoria por tráfico de influencias, uno de los más importantes síntomas de la corrupción a nivel nacional. Evidentemente tampoco ha habido detenciones.

Según el listado de 2010 a 2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PGR, el delito de peculado encabeza la lista con la apertura de 801 averiguaciones previas en las que están presuntamente implicados mil 589 probables responsables, quienes fueron consignados. Es el delito con la cifra más alta de 2010 a la
fecha que se contempla en el informe.

En segundo sitio está el ejercicio indebido del servicio público, que en 664 averiguaciones previas, ha permitido implicar y sancionar a mil 181 presuntos servidores públicos. Luego está el abuso de autoridad, en el que dentro de 334 averiguaciones se consignaron a mil 215 personas.

En el listado sigue el delito de cohecho (270 averiguaciones y 423 consignaciones), la extorsión (250 indagatorias y 537 consignaciones), delitos contra la administración de la justicia (219 averiguaciones y 357 probables responsables consignados).

El uso indebido de atribuciones y facultades, inscribe 60 averiguaciones previas que implican a 124 presuntos responsables consignados.

El enriquecimiento ilícito tiene abiertas en el mismo periodo 17 indagatorias que implican a 20 presuntos responsables. En lo referente al ejercicio abusivo de funciones hay 13 averiguaciones contra 35 presuntos responsables.

En cuantoa a la desaparición forzada de personas se aprecia una participación múltiple, pues en 12 indagatorias se implicaron a 143 funcionarios como probables responsables.

En lo referente a coalición de servidores públicos hay 9 averiguaciones que implican a 79 probables responsables consignados, le sigue el delito de concusión, que es la cobranza arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio, y presenta tres indagatorias que implican a cinco probables responsables en
estos cinco años.

Al final del listado están la intimidación, con una sola averiguación en contra de un solo responsable, luego está el cohecho a servidores públicos extranjeros, con la misma cifra, y al final el tráfico de influencias, del que no existe ni una sola averiguación en este periodo de 2010 a 2015 que revele la PGR.

CERTEZA PARA LA IMPUNIDAD

Si no se castiga la corrupción y los delitos como el tráfico de influencias, aflora el sentimiento de impunidad entre la ciudadanía, asegura Joel Salas, comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Hoy tenemos mucha información, sospechamos que puede haber casos donde se involucran actos corruptos pero no hay consecuencias, y eso al final ha venido traduciéndose en un desencanto con el funcionamiento de la democracia”.

Salas argumentó que la corrupción es “el impuesto más retrógrado” porque termina haciendo pagar a los más pobres por algo que es un bien público.

“Esa brecha entre lo que la gente vive en la calle y los resultados de las cifras oficiales es lo que hace que se aumente este sentimiento generalizado de impunidad. Si tú quieres meter a tu hijo en la escuela pública, pero no tienes el contacto, tienes que pagar una mordida, que es como la fórmula más socorrida aquí en
México”, aseguró.

Para el comisionado, la principal razón de esta inacción por parte de la PGR en el combate contra el tráfico de influencias es porque es muy difícil demostrar el ilícito, lo cual deberá ser uno de los temas a tratar en el Congreso de la Unión en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

ATRAPADOS EN ‘TRAMITOLOGÍA’

Representantes de la industria de la construcción y de los restaurantes aseguraron ayer que una de las principales fuentes de corrupción es la excesiva tramitología para establecer un negocio o llevar a cabo una obra pública.

En el foro La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo Nos Arreglamos?, Francisco Mijares, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR), y Juan Paratore, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), acusaron que la mayoría de las empresas ha sido víctima de algún acto de corrupción.

“La industria restaurantera la conformamos 515 mil restaurantes a nivel nacional, 95% son Pymes y ninguno nos libramos de la corrupción. ¿Y por qué razón? Porque el exceso de trámites para poder abrir un restaurante es casi imposible de cumplir”, indicó Mijares.

El empresario explicó que los restaurantes tienen que cumplir 117 trámites federales y entre 220 y 300 municipales y estatales.

Paratore indicó que con el programa de simplificación administrativa, de 14 mil trámites se pasó a unos 8 mil en el caso de la construcción. Sin embargo, este número sigue siendo excesivo y a eso se suma la discrecionalidad de los servidores públicos.

PROPONEN CÁRCEL PARA CORRUPTOS

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado propuso una reforma al Código Penal Federal para castigar a los funcionarios y particulares corruptos hasta con 40 años de cárcel.

En el proyecto, firmado por el senador Luis Humberto Fernández, se advierte que también se castigará a cualquier particular que participe en la perpetración de alguno de los delitos.

Se contemplan el embargo preventivo y la incautación, por lo que los funcionarios procesados tendrán prohibido realizar transferencias, convertir, enajenar o mover bienes.

Las sanciones aplicarán a los funcionarios de los tres niveles de Gobierno y de todos los Poderes, además de los órganos autónomos y las empresas con participación mayoritaria del Estado.

La lista incluye desde integrantes del Gabinete presidencial hasta los gobernadores.

En el documento se detalla que si el funcionario resulta culpable los bienes serán decomisados.

Cuando los recursos robados haya sido transformados en otros bienes también podrán ser incautados, incluso si fueron mezclados con bienes adquiridos de manera lícita.

Al margen de las sanciones aplicadas por los delitos de corrupción, la propuesta del senador Fernández establece que los funcionarios sancionados podrían ser inhabilitados de cinco añoso de manera permanente de la función pública.

INICIATIVA

» La propuesta del senador Luis Humberto Fernández establece una sanción de entre 15 y 35 años de prisión por enriquecimiento ilícito y colusión. La pena más grave sería de 40 años por desaparición forzada de personas.

» La propuesta presentada ayer en el Senado por el Partido de la Revolución Democrática integra elementos de la iniciativa ciudadana Ley 3de3 para sancionar penalmente la violación a algunas obligaciones establecidas en ese instrumento.

» Buscaría sancionar con entre 5 y 8 años de prisión a los funcionarios, gobernadores y miembros del Gabinete que cometan los delitos de soborno, cohecho, tráfico de influencias, abuso de funciones, extorsión y simulación de actos.