El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa uno de los cambios más relevantes en la evolución del sistema de justicia mexicano en las últimas décadas. La implementación implica una transformación normativa y un replanteamiento de la concepción del acceso a la justicia en materias que impactan la vida cotidiana de las personas. En esencia, este nuevo modelo procesal busca dejar atrás esquemas tradicionales caracterizados por la lentitud, el formalismo excesivo y la distancia entre autoridad judicial y ciudadanía. En su lugar presenta una justicia ágil, oral, transparente y centrada en la persona, donde los principios de inmediación, concentración y continuidad adquieren un papel protagónico.

La semana pasada se graduaron las y los estudiantes del IV Diplomado: Práctica forense e investigación jurídica sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares “Ildefonso Jesús Verduzco González”; etapa final en la construcción del posgrado en Derecho Notarial de la Facultad de Jurisprudencia en alianza con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Como invitado de honor participó Guillermo Ávila Sarabia, jurista neolonés, presidente del capítulo Noreste del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y quien participó como miembro del Grupo Técnico Revisor del Código en mención.

Durante su relatoría precisó que la reforma constitucional de 2017 en materia de Justicia Cotidiana abrió la puerta para una legislación procesal nacional que busque homologar procedimientos y modernizar la justicia civil y familiar y presentó una reflexión de 9 consecuencias de fondo que tendrá el Código Nacional en la práctica jurídica.

Primera: juzgar con enfoque y perspectiva de derechos humanos, resolver los conflictos con una visión constitucional que coloque en el centro a la persona. Segunda: cambiar la forma de litigar, el nuevo modelo apuesta por lo oralidad, la concentración de audiencias y la inmediación judicial. Tercera: procesos más ágiles y justicia colaborativa, introduce juicios sumarísimos, la simplificación del sistema de recursos, y permite que ciertos actos preparatorios o no contenciosos se desarrollen ante fedatarios públicos. Cuarta: se transforma el papel del juez, deja de ser un lector de expedientes para convertirse en un verdadero director del proceso. Quinta: la justicia digital, se incorpora expediente electrónico, audiencias remotas y notificaciones digitales. Sexta: nuevos conflictos interpretativos, serán los tribunales, la abogacía y la academia quienes construyan la interpretación del nuevo sistema. Séptima: una nueva cultura probatoria, conceptos como la inmediación, la contradicción y la concentración procesal adquieren un papel central. Octava: la formación de una nueva generación de abogados, el nuevo sistema exige habilidades de litigación oral, argumentación estratégica y comunicación persuasiva. Novena: el verdadero reto será la implementación, el Código establece como fecha límite abril del 2027 para su implementación plena, esto implica infraestructura judicial, capacitación de operadores jurídicos y cambios culturales dentro del sistema de justicia.

Complementó su mensaje afirmando que las leyes se escriben en papel, pero se aplican en la realidad. Las leyes evolucionan, los sistemas procesales se transforman pero la responsabilidad del jurista frente a la justicia permanece. Porque al final del día, las leyes no cambian a un país, quienes cambian a un país son las personas que las aplican, afianzó el invitado en su mensaje.

El nuevo Código Nacional no es un punto de llegada, sino el inicio de una transformación que exige compromiso, capacitación y voluntad para hacer realidad una justicia más cercana y efectiva. Cada reforma nos recuerda que el derecho está vivo y en constante evolución.