Filo de Caballos, Gro.- “¡A ver cabrones, agarren un palo y corten sus plantas!”. Con estas palabras, un grupo de militares ordenó a campesinos de la comunidad de Filo de Caballos, en Guerrero, destruir sus cultivos de amapola, narra el comisario Arturo López Torres.

No hay nada que fastidie más a los campesinos de esta zona que los obliguen a destrozar con sus propias manos el trabajo de cinco meses, pues estos sembradíos les dan la posibilidad de ganar el sustento de sus familias.

“Se sienten humillados cuando les hacen eso, pero es peor cuando fumigan con los helicópteros porque en 5 minutos todo se hecha a perder”, dijo molesto el comisario López Torres, parado al lado de media hectárea de amapola morada. Hoy en Filo de Caballos se escucha una demanda: la legalización de los cultivos de amapola, y él es el vocero.

Este hombre nació en la Ciudad de México, pero lleva 38 años asentado en la sierra de Guerrero, y Filo de Caballos es la entrada al llamado “pentágono de la amapola”, una de las mayores zonas de cultivo en el país. Para López Torres, legalizar la siembra con fines médicos tendría que darse con ciertas garantías si lo que se quiere lograr es salir del círculo de pobreza. Pero por lo pronto, sí podría traer a la zona otro beneficio: la reducción de la violencia.

“Si la legalización no tiene mecanismos como el precio de garantía, no funcionará. Significará sólo un cambio de patrón: dejaremos de venderle al narco y lo haremos a los laboratorios”, dice el hombre de bigote con facha de ranchero. “Pese a la legalización, el campesino seguirá siendo el peón, del peón, del peón, porque está en el último eslabón de la producción”, advierte.

El comisario dijo que en la Sierra de Guerrero son más de mil 281 pueblos los que tienen como base económica la cosecha de la amapola: unos 50 mil pobladores comen y visten por el enervante.

INSTITUCIONES FUERTES

El 17 de marzo de este año, los diputados locales del partido Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa ante el Congreso de Guerrero para reformar la Ley General de Salud, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Federal Penal, con el propósito de que se legalicen los cultivos de amapola para fines médicos.

La amapola se convirtió desde hace más de 10 años en la materia prima de la guerra del narco: quien tiene el control de los cultivos, del trasiego y de la distribución, tiene en sus manos el negocio.

De acuerdo con diferentes cifras, entre oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en Guerrero se cosecha 60% del opio que sale de México hacia Estados Unidos. Gran parte de ese porcentaje se cultiva precisamente en la Sierra, una mina de “oro rojo”.

“Para que la legalización de los cultivos de amapola con fines médicos funcione en México primero se necesitan instituciones fuertes que garanticen que la producción no siga llegando a los mercados ilícitos”, opina Lisa Sánchez, coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de la organización civil México Unido con la Delincuencia.

Para Arturo Miranda Ramírez, académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, y guerrillero en los años 70, la legalización del cultivo de la amapola no resolverá los problemas de los campesinos: el verdadero negocio del opio seguirá quedando lejos de su alcance. “Aunque legalmente está prohibida, en los hechos, la amapola está tolerada. La legalización le dará más fuerza a los negocios ilegales de los de arriba. El negocio siempre está vinculado con otros, incluso a personas del Estado, no con los campesinos”, dice.

LAS DOS SALIDAS

En la comunidad Campo de Aviación en el municipio de Leonardo Bravo, a 4 kilómetros de Filo de Caballos, otro de los pueblos amapoleros, está Crescencio Pacheco González, quien encabeza la Policía Rural; desde 2013 asegura que “nosotros le tomamos la palabra al Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, si quiere legalizar los cultivos de amapola, porque habría más control. Yo me imagino que ellos pedirían las hectáreas de cultivos que necesiten y también darán empleos. Y si no se logra la legalización, nosotros le pedimos al Gobierno que nos dé trabajo, y proyectos productivos para dejar de cultivar”.

Crescencio se refiere a la declaración que Astudillo Flores dio el 10 de marzo en Acapulco. En esa ocasión, el Gobernador dijo que la legalización de los cultivos de opio es una salida para reducir la violencia.

Crescencio, de 33 años, asegura que desde que tiene uso de razón, los enervantes están en la sierra: “acá 80% de la gente siembra la amapola o la mariguana para llevar un sustento a sus familias. Pero no es fácil, hay una lucha con los militares, con el narco, con las plagas, con los animales y con la lluvia. Es toda una rifa. Lo haces porque tienes la idea de que vas a llevar un peso a tu casa”.

Crescencio ha vivido en carne propia la violencia. Narra que todo comenzó una tarde de junio de 2013, cuando 15 hombres armados llegaron a Campo de Aviación. Juntaron al pueblo en la comisaria municipal y les fijaron una nueva regla: a partir de ese momento todos los campesinos sólo les venderían sus cosechas de opio a ellos.

Desde ese momento el opio de Campo de Aviación, de Filo de Caballos, de La Laguna y de Los Morritos se convirtió en propiedad de los criminales.

Al inicio, el control criminal se limitó a los cultivos de la amapola, sin dejar de resguardar las entradas y salidas para evitar el arribo de otro grupo. Pero conforme pasaron los días, los 15 hombres se multiplicaron y se convirtieron en 45. “Y fue que comenzó el desmadre”.

El control se endureció: nadie podía entrar o salir del poblado sin permiso de los armados. Poco después comenzaron a quemar casas y se vinieron las borracheras, las balaceras, los asesinatos y las desapariciones. También impusieron un nuevo precio al opio.

Crescencio fue de los que huyó. Se mudó unos meses a Chilpancingo, pero no se adaptó y la idea de perder sus tierras lo impulsó a volver. Se armó de valor y de pistolas y junto a los demás pobladores decidió enfrentar a los criminales. La batalla inició el 4 de octubre, y duró varios días. Los pobladores lograron sacar a los delincuentes con ayuda del Ejército. Han pasado ya más de dos años y ahora para Crescencio sólo hay dos salidas: la legalización o que la sierra sea atendida por el Gobierno estatal para que puedan dejar de cultivar la flor.

ESPECIALISTAS

En mayo, el Congreso de Guerrero organizó un foro con especialistas del mundo en la política sobre drogas para debatir si es viable la demanda.

“México tiene más poder de lo que se imaginan”, le respondió Zara Snapp, de Global Commission on Drug Policy, al diputado del partido izquierdista Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco Deaquino, cuando preguntó si EU permitiría que se legalicen los cultivos. El principal obstáculo, dijo el legislador, es que cualquier cambio en las políticas sobre drogas en el país, requiere el visto bueno del Gobierno estadunidense.

Pero la iniciativa del partido de Silvano Blanco en el Congreso local enfrenta otro tipo de problema: el bloqueo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de que el Gobernador priista fue el primero que se manifestó sobre el tema, los diputados de su partido están retrasando el debate.

Ese día en el foro Fernando Ramos Casas, de la ONG México Unido contra la Delincuencia, dio una salida: “Se imaginan si al Congreso de la Unión llegan unos 50 campesinos de Guerrero con cajas llenas de las 110 mil firmas que se necesitan para una iniciativa ciudadana para proponer la legalización de la amapola, se les caerían los calzones a los EU”, dijo, sin sospechar que su idea se haría realidad.

El jueves 16 de junio diputados de Movimiento Ciudadano y campesinos de la sierra anunciaron la propuesta a la Cámara de Diputados federal para legalizar los cultivos. Una semana más tarde comenzó la recolección de las firmas.