Chihuahua.- Los cargos populares locales que estarán en juego en las próximas elecciones pueden ser el salvavidas de políticos señalados de estar en la “nómina secreta” del entonces gobernador César Duarte Jáquez, preso en Miami desde el 8 de julio pasado.

Se trata de 34 personas, entre legisladores estatales, periodistas, líderes de partidos y líderes sociales que callaron mientras el gobierno de Duarte elevaba inusitadamente la deuda, negaba los crecientes índices de violencia e ignoraba las denuncias por la desaparición y desplazamiento forzado de miles de personas en la entidad.

El caso más emblemático es el de la candidata a la gubernatura por el PAN, María Eugenia Campos Galván, quien enfrenta acusaciones por cohecho en dos procesos penales, pero su defensa le ha apostado a dilatar el inicio de las audiencias en pleno proceso electoral, con la aparente protección del Poder Judicial.

Campos Galván era vicecoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado y formaba parte de la Comisión de Fiscalización. Ahora es alcaldesa con licencia y precandidata a gobernadora. Junto a ella está acusado también el excoordinador de su bancada, César Jáuregui Moreno, su operador político y actual secretario del ayuntamiento de Chihuahua.

Con otros exlegisladores de varios partidos, ambos aprobaron la cuenta pública 2014 de Duarte, cuando ya era señalado por desvío de recursos en medicamentos, ganadería y obra pública, además de la creación del banco Progreso, al que desvió más de 83 mil millones de pesos y capitalizó con un fideicomiso irregular de 65 millones.

Entre otros presuntos favores, aprobaron en aquella legislatura la “oxigenación del Poder Judicial”, en la que se obligó a varios jueces a jubilarse. Para sustituirlos eligieron 13 magistrados, la mitad con filiación partidista: el PAN logró meter a dos militantes y el PRI a otros más, uno de los cuales (Jorge Abraham R. A.) enfrenta ahora un proceso penal por enriquecimiento ilícito.

La defensa de Campos Galván está formada por tres exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República: los panistas Francisco Molina Ruiz, Francisco Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia.

Durante cuatro meses la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tratado de imputarle cargos por haber recibido 10 millones 300 mil pesos de manera ilícita como legisladora en el gobierno de Duarte Jáquez y más de un millón de pesos como alcaldesa para favorecer a una empresa en licitaciones.

En ese lapso, la precandidata ha sido apoyada por Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, a cuyo grupo pertenece.