El pasado martes, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, declaró el fin de una etapa de 30 años del tribunal supremo de nuestra nación. En un su discurso de despedida, la única mujer que ha presidido al Poder Judicial, aseguró que el legado que deja este máximo tribunal, debe ser reconocido como “la piedra angular de la justicia constitucional” y que, en todo caso, será la historia quien juzgue a los ministros salientes, a través de sus sentencias. “Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, explicó.

Si bien es cierto, no existe una “era” oficial que termine en la SCJN, ya que el término “era” no es un concepto formal para describir el funcionamiento de una Corte, y los cambios son más bien transiciones entre presidencias o decisiones de alcance histórico; los analistas políticos coinciden, en su mayoría, en que la próxima etapa podría ser denominada según la era de sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo en México, que se distinguirá como el nuevo periodo de subordinación, igual que aquel que se consolidó con el ascenso de Porfirio Díaz y el régimen centralista que él implantó tras la Reforma de 1857, desplazando al Presidente de la SCJN, José María Iglesias.

La seña particular de estos nuevos integrantes de la Corte, lo será, que todos llegaron al puesto bastante cuestionados por su ilegitimidad, debido a reformas en el sistema de selección que debilitaron ya la imparcialidad del Poder Judicial, al polarizarlo políticamente, y crearles un precedente peligroso que no lleva a dudar en su capacidad de garantizar los avances en la protección de derechos humanos y la estabilidad jurídica que ya habíamos alcanzado con las decisiones previas del tribunal.

Ahora bien, si a pesar del amañado proceso de selección, las ilícitas campañas realizada por estos, y los inmerecidos resultados, Usted sigue pensando que con esta Corte estará mejor, déjeme decirle que, antes de la asunción al puesto de estos ministros, ya el partido Morena había impuesto a tres de ellos, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la primera de ellas, para mi gusto, la más representativa de la ideología de quien la impuso, ya que la misma fue propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador; esta ministra, en sus declaraciones ha dejado en claro que le molestaba que la Corte saliente, le daba más la razón al particular que al mismo Gobierno.

“Parte de lo que me he dado cuenta, esto no me lo cuenta nadie, lo que he vivido aquí en la corte, es justamente ese gran defecto, hay una gran tendencia a resolver en contra del Estado y favorecer al particular, que me parece bien en tanto fuera no tuviera un costo para el propio Estado” aseveró la ministra morenista, al referirse a las cientos de sentencias dictadas por la Corte saliente en materia de pensiones, de indemnizaciones y reparaciones de daños, en las que se le obligó al Estado a pagar estas prestaciones a ciudadanos agraviados por los gobiernos.

Con la anterior declaración, la ministra no sólo evidencia que, en adelante, no habrá derechos de los ciudadanos encima de los del Gobierno, y lo peor, que, para los nuevos integrantes de la Corte, el juicio de amparo en México dejará de ser lo que hasta hoy era: el único medio de defensa por el cual los ciudadanos podían obligar a los gobernantes a respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, frente a sus actos lesivos.

“Se va la Corte que legalizó la entrega de los recursos públicos a particulares”. Dijo la ministra, anunciando la llegada de esta nueva “era”, que dejará atrás, lo que, en realidad, era el juicio de amparo.