La Paz, Bolivia.– El asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), ha provocado una ola de indignación nacional y una firme condena por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El organismo internacional exigió este viernes al Estado boliviano una investigación “pronta y exhaustiva” para castigar a los responsables de un crimen que apunta a las tensiones por la tenencia de tierras en el oriente del país.

El ataque: Una emboscada en Santa Cruz

El fatídico suceso ocurrió la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz. Claure, quien residía en Sucre por sus funciones oficiales, se encontraba en la urbe cruceña para asistir a un evento del Órgano Judicial.

Según el informe del coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía, el magistrado fue interceptado mientras viajaba en un taxi tras una cena oficial.

– Modus operandi: Dos sujetos a bordo de una motocicleta abordaron el vehículo. Mientras una funcionaria judicial descendía del taxi, uno de los sicarios acribilló a Claure, quien ocupaba el asiento del copiloto.

– Huida: Los atacantes escaparon del lugar de inmediato, dejando al jurista sin vida ante la mirada de su colega y el conductor.

Hipótesis: Conflictos agrarios en la mira

La Policía Boliviana maneja como principal móvil un posible ajuste de cuentas relacionado con la labor del magistrado. Claure, especialista en temas agrarios elegido en los comicios judiciales de 2024, habría emitido recientemente resoluciones determinantes sobre la posesión y aprovechamiento de tierras en la región oriental, un área históricamente marcada por conflictos de propiedad.

Reacción del Estado y la Comunidad Internacional

La oficina de la ONU en Bolivia emitió un comunicado expresando su solidaridad con el Poder Judicial y reiterando su compromiso con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento institucional.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz calificó el asesinato como un hecho “horroroso” desde Cochabamba, región natal de la víctima hacia donde fue trasladado su cuerpo para el sepelio. El mandatario instó a evitar especulaciones y ordenó medidas de protección extraordinarias:

1. Cápsulas de Seguridad: Se activó custodia especial para otros 13 altos magistrados presentes en Santa Cruz.

2. Comisión Especial: El Ministerio Público conformó un equipo de élite para acelerar la identificación de los autores materiales e intelectuales.

El crimen ha puesto en entredicho las garantías de seguridad para los administradores de justicia en Bolivia, en un contexto donde las decisiones sobre recursos naturales y tierras siguen siendo un foco de violencia letal.