Diario de México | Ciudad de México.- Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentaron su Segundo Informe de Trabajo sobre el caso Ayotzinapa donde reiteraron que no existe demostración alguna diferente a los hechos que denunciaron en su primer informe.

Ángela Buitrago aseguró que se demostró que los normalistas no fueron a boicotear un acto político. Que no eran ni estaban infiltrados por el firmen organizado. Que todos los desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos eran estudiantes aceptados por la escuela e incluso para ingresar tenían que presentar una orden judicial de no antecedentes.

En este informe, los expertos aseguraron que los hechos se desarrollaron en una zona geográfica mayor a la señalada por el primer informe y por el expediente de la PGR e incluso, el lapso de tiempo en que sucedieron las agresiones, también aumentó.

Buitragó recordó que antes de la desaparición de los estudiantes hubo tres ataques.

Uno, respecto de unos ocupantes de un taxi Tsuru donde hubo una mujer fallecida, y un herido, el ataque se dio cerca de Santa Teresa donde fueron atacado el autobús de Los Avispones.

El segundo ataque fue en Mezcala y hay un registro de que ocurrió a las 3:00 am. Éste ataque no existe en el expediente oficial y, de acuerdo con los expertos, forma parte de todos los ataques de Ayotzinapa.

El tercero es el ataque al autobús de Los Avispones.

Por su parte, Claudia Paz y Paz relató parte de la participación de la Policía Federal en el caso:

Nos parece relevante que diversos testigos, entre ellos familiares del equipo de Los Avispones, relataron como antes, 800 metros antes, en donde la Policía de Iguala detuvo el autobús, había un retén de Policía Federal, autoridades que reportaron “saldo blanco”.

“Llama la atención que la Policía Ministerial Federal no realizó ninguna diligencia ni protección a los estudiantes”.

La experta reiteró una vez más que hasta ahora no han podido entrevistar a elementos del 27 Batallón del Ejército Mexicano. Esta demanda fue de las primeras y que hasta ahora, no han permitido que los expertos puedan entrevistarlos.

“El 27 Batallón tenía conocimiento en tiempo real del movimiento de los estudiantes. Fueron testigos directos y dieron monitores, pero nuestras entrevistas no fueron posibles. En el informe podrán encontrar detalles de las acciones del 27 Batallón el 26 de septiembre”.

Claudia Paz y Paz aseguró que de tener la oportunidad de entrevistarlos “hubiéramos preguntado ¿por qué no se hizo nada para protegerlos”.

Otra de las líneas que resaltó Claudia Paz y Paz y que no se ha profundizado su investigación es el análisis de la telefonía.

De acuerdo con la experta, desde un principio y en la versión de la PGR se les dijo que los celulares fueron destruidos y quemados en Cocula, pero los teléfonos siguieron activos días después del 26 y 27 de septiembre.

“Uno de ellos recibió llamada desde Hutizuco y la antena estaba en Iguala. Además, en el celular de Jorge Anibal Cruz Mendoza se envió un mensaje a su madre diciendo que por favor le pusiera saldo. El teléfono siguió activo incluso meses después”.

El experto Carlos Beristain habló del análisis que se han hecho a los materiales analizados y a juicio del GIEI, en todos los casos hay indicios significativos de malos tratos y torturas.

“habrían existido indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura. Indicios que deberían haber desencadenado una investigación conforme con los estándares de diligencia establecidos por la normativa internacional de protección de los derechos humanos”.

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