“¿Qué hace falta para ganar la Presidencia?. Dinero, dinero, dinero”. Vicente Fox respondió la pregunta retórica de uno de los empresarios, procedentes de distintos estados del país, en una cena en casa de Alejandro Gurza, en Torreón.

La frase resume el pensamiento del exsenador Robert C. Byrd al respecto: “Es dinero, dinero, dinero. No ideas ni principios, sino el dinero lo que reina de forma suprema en la política estadunidense” (y en el mundo).

La cuestión –planteada aquella noche– la resolvió en parte la asociación Amigos de Fox. Tras el triunfo del guanajuatense, el Instituto Federal Electoral (IFE, antecedente del INE) descubrió operaciones irregulares por 91.2 millones de pesos.

Fox había excedido el tope de gastos de campaña. El caso se zanjó con una multa por 354 millones de pesos al PAN y de 196 mdp a su aliado, el Partido Verde (Alianza por el Cambio).

El dinero no influyó mayormente en la victoria de Fox, sino el voto de millones de mexicanos. El panista superó por más de seis puntos porcentuales a su rival más cercano (Francisco Labastida, PRI); y por 26, al siguiente (Cuauhtémoc Cárdenas, PRD).

Las claves de la alternancia fueron el hartazgo contra el sistema y el deseo de cambio. Fox actúo como catalizador. El financiamiento ilegal, por su cuantía, pasó a segundo término. En 2012, Enrique Peña Nieto rebasó en más de 4 mil millones de pesos el límite de gastos de campaña determinado por el IFE (328 millones de pesos).

Así lo estableció la comisión especial en el caso Monex de la Cámara de Diputados, cuando Peña ya estaba en funciones. El dinero, en este caso, sí incidió en el resultado.

“La presencia del dinero en la política mexicana ha sido y es muchas cosas a la vez: necesidad, exceso, inequidad, litigio, corrupción, entre otras”, advierte Eduardo R. Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en el artículo, Gasto de Campaña en 2012: La Equidad Rota. Discutible Constitucionalidad de la Elección Presidencial (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

El dinero “también es desmesura”, apunta el escritor yucateco, “si recordamos que los partidos políticos se han permitido fijar su financiamiento no sólo en la ley, sino en la Constitución misma”.

Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), que había postulado a Andrés Manuel López Obrador, demandó anular la elección. Para estudiar el fondo de los agravios, dice Huchim, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) formuló ocho apartados:

“1)Adquisición encubierta (de publicidad) en radio, televisión y medios impresos.

2) Uso indebido de encuestas como propaganda electoral.

3) Financiamiento encubierto por conducto de Banca Monex, S. A.

4) Conceptos de agravio relacionados con Tiendas Soriana.

5) Gastos excesivos en campaña electoral y aportaciones de empresas mexicanas de carácter mercantil.

6) Intervención de Gobiernos (federal y locales).

7) Compra y coacción del voto, antes, durante y después de la jornada electoral.

8) Irregularidades ocurridas durante los cómputos distritales”.

No obstante el cúmulo de irregularidades, el TEPJF validó la elección de Peña Nieto. “De ese modo”, observa Huchim, “el tribunal extendió un manto protector a la coalición acusada (Compromiso por México/PRI-Partido Verde), y le dio un renovado impulso al uso de dinero ilegal en las campañas. Con esos vientos en la popa, continuará su navegación vigorosa y perversa la práctica de rebasar los topes de gastos de campaña bajo la lógica de que el puesto obtenido ilegalmente se conserva a pesar de que se transgreda la Constitución y el Cofipe (…), aunque se tenga que pagar una sanción económica”.