Las acusaciones de Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, en entrevista con Adela Micha, sobre el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la maquinaria estatal para asfixiar candidatos y forzar su declinación en San Luis Potosí, confirman la regla no escrita del régimen: la lealtad dura lo que dura la conveniencia.

La narrativa de la fraternidad y los ideales compartidos se desmorona, dejando al descubierto una dinámica donde el poder se asegura con presiones institucionales y el uso a la medida de la ley.

El pánico de figuras como Amílcar Olán de convertirse en chivos expiatorios refleja el ambiente de desconfianza en las cúpulas oficialistas. Quienes ayer eran aliados indispensables, hoy son los castigados del día.

Esta lógica de supervivencia opera igual al elegir coordinadores y defensores locales: cuando el balance de poder se aprieta, los pactos firmados pierden su valor.

Que un socio histórico como el PT señale públicamente que desde el propio gobierno se persigue a sus perfiles demuestra que la presión no se limita a la oposición. Si el aliado minoritario estorba o busca cotizarse alto, lo congelan y lo doblan.

Esta forma de hacer política se replica en Coahuila y en el Senado. La prisa por reformar las reglas sobre la doble nacionalidad para cerrarle el paso a perfiles incómodos en las gubernaturas, un traje a la medida redactado desde la Presidencia para frenar a personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca y rozar a empresarios críticos como Ricardo Salinas Pliego, confirma que las leyes se acomodan al ritmo de las venganzas.

En esta embestida, la senadora Cecilia Guadiana quedó como daño colateral. Al tener doble nacionalidad por haber nacido en Estados Unidos, tuvo que solicitar licencia para no votar una iniciativa del Ejecutivo que la vulnera directamente.

A la presidenta Claudia Sheinbaum poco le importó comprometer la posición de la legisladora, ignorando el capital político e inversión que en su momento aportó su padre, el fallecido empresario Armando Guadiana, para cimentar la causa de Morena en Coahuila.

La consigna es clara: todos son prescindibles cuando se trata de asestar un golpe de autoridad.

Por su parte, el PT acepta el sometimiento a cambio de posiciones. En esa lógica entra Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila, un operador que rompió con el proyecto central cuando las encuestas no le favorecieron y hoy se refugia en el PT mientras sus antiguos promotores enfrentan consecuencias penales.

El cálculo es claro: mientras figuras como Tania Flores encaran procesos judiciales, la prioridad de la cúpula petista, en Coahuila, no es la solidaridad, sino amarrar la impunidad, mantener el fuero y asegurar el presupuesto público.

Aquí radica el fondo del asunto. Si las figuras que entregaron recursos, tiempo y capital político para llevar al poder a este grupo son traicionadas y desechadas sin el menor miramiento en cuanto dejan de ser útiles, ¿cómo podemos pensar los ciudadanos que tendrán lealtad hacia nosotros y nuestras familias?

Resulta absurdo esperar empatía o compromiso de quienes tratan así a sus propios aliados.

Esta falta de lealtad se evidencia a diario cuando desde el poder se minimizan las necesidades fundamentales del país, despreciando las demandas de salud, el clamor de seguridad y la lucha desesperada de las madres buscadoras.