México.- Luis Téllez está fuera de servicio. Lo desconectaron. El secretario de Comunicaciones y Transportes no sobrevivió a los embates del escándalo de sus grabaciones telefónicas. Y renunció. O mejor dicho, lo renunciaron.

Las ocho conversaciones telefónicas difundidas el 13 de febrero por “Reporte Índigo” y la grabación de sus acusaciones contra Carlos Salinas dadas a conocer un día antes por Carmen Aristegui en MVS Radio, fueron suficientes para dejar al ministro fuera del juego.

Purificación Carpinteyro y Diana Pando son los nombres de las mujeres que cincelaron una lápida con grabaciones, correos electrónicos y denuncias.

Y bajo esa pesada piedra fueron sepultadas las aspiraciones políticas de quien desde el gobierno panista ya extrañaba al PRI. Aunque sus restos hayan sido trasladados ya a los jardines de Los Pinos.

Luis Téllez subestimó el poder de los cabellos largos. Y por distintos motivos, terminó atrapado entre ellos.

El común denominador es que, con razón o sin ella, por un motivo o por otro, él pretendió ningunear a las dos. La respuesta común es que ambas, dolidas y con información, terminaron por exhibirlo.

Algunos dicen que detrás de alguna de las femeninas estrategias podrían estar algunos de los poderes fácticos de las telecomunicaciones que se sentían amenazados por las políticas que cocinaba Téllez. Podría ser.

Pero todo eso habría sido insuficiente si el titular de la SCT no se hubiera dejado atrapar en la telaraña de desaciertos, contradicciones, explicaciones inverosímiles y disculpas mal ensayadas que prosiguieron al Tellezgate.

Más aún, si su jefe de seguridad, el almirante José Luis Figueroa, cercano a Jorge Tello, Wilfrido Robledo y Genaro García Luna, no le hubiera fallado en detectar a tiempo el espionaje del que estaba siendo objeto.

Fueron 20 días de agonía para Luis Téllez. Desde que salieron al aire las primeras conversaciones hasta que el presidente Felipe Calderón anunció que le aceptaba la renuncia.

Y a pesar de su resistencia para ceder la plaza, las amables recomendaciones de dos empresarios muy cercanos a Téllez y al presidente Calderón terminaron por hacerlo recapacitar para que presentara “su renuncia”. Era lo mejor para el país.

Sí, las grabaciones fueron el detonante del deterioro político del secretario. Pero el acelerador de la renuncia fue la certeza de que vendrían más grabaciones. Quizá más comprometedoras.

Y todos los hombres y mujeres del círculo íntimo presidencial aconsejaron a su jefe Felipe Calderón que no se esperara a pagar los platos rotos.

PURIFICACIÓN ES INOCENTE
Yo puedo decir que Purificación Carpinteyro no filtró las grabaciones de Luis Téllez. Lo puedo decir con la contundencia de ser quien recibió los audios y los difundió en Reporte Índigo.

Y estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad judicial para dejar constancia, bajo juramento, de que la ex subsecretaria no es responsable de los cargos que pretenden fincarle.

Como periodista que responde a su código de ética, nunca revelo mis fuentes de información. Pero sí puedo revelar quién no me dio las grabaciones. Y Purificación Carpinteyro no lo hizo.

Pero todo este juego de denuncias sólo esconde el debate real. Y eso es lo que hay detrás de lo que dice el renunciado Luis Téllez.

No defendemos el acto ilegal de grabar conversaciones telefónicas. Hay que investigar y penalizar en consecuencia. Pero eso es dar con la identidad de Garganta Profunda, el filtrador. Eso no elimina el Watergate.

Lo que deseamos saber es con qué autoridad Luis Téllez usó el nombre del Presidente a sus espaldas. Y por qué ese abuso no tiene consecuencia alguna. Por qué insistir en disfrazar la remoción como renuncia.

¿Qué le debe Calderón al renunciado para que a pesar de tan evidente deslealtad se lo lleve a convalecer como su asesor económico a Los Pinos, con cargo a nuestros impuestos?

Pero el mayor daño del Tellezgate es la confirmación de la bipolaridad política que padece el Primer Mandatario.

Por un lado, Calderón pide en sus discursos a los funcionarios que demuestren su valor civil para denunciar hechos de corrupción, conflicto de intereses, tráfico de influencias. Pero a quien lo hace, se le deja caer todo el aparato del Estado. La injusticia es clara desde que Purificación Carpinteyro entregó de propia mano esas grabaciones a un presidente que, indignado, le pidió que se las diera a Fernando Gómez Mont. Nadie las conocía antes.

¿Encubrimiento del Presidente?
¿Por qué si esos reveladores audios fueron puestos en manos del Presidente y del secretario de Gobernación, y ambos conocieron de su contenido, no se anunció de inmediato que existiera una indagatoria sobre su origen?

¿Por qué hasta que se escucharon esas grabaciones se abrió el expediente y se ordenó una investigación?

Si procediera la acción penal, ¿serán el Presidente y el secretario de Gobernación corresponsables de encubrimiento al no actuar de oficio sobre el presunto ilícito?

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