Ciudad de México.- El camino a este pueblo de campesinos en Michoacán pasa por barrios pobres y territorios controlados por cárteles, en este estado que es el centro de la guerra contra el narcotráfico en México, antes de llegar a un paisaje tan extraño que parece un espejismo.

En las torres de vigilancia de 4.5 metros de altura hay hombres apostados cuyos uniformes verdes no pertenecen a ninguna fuerza oficial. Pasando la torre, la estatua de un aguacate lleva la leyenda, “Capital mundial del aguacate”.

Y después de la estatua se encuentra Tancítaro, una isla de seguridad y estabilidad que se ha mantenido después del año más violento de la historia de México.

Los propietarios locales de aguacatales, que exportan más de un millón de dólares en aguacates al día, principalmente a Estados Unidos, resguardan la que se ha convertido en una especie de ciudad-Estado independiente.

Con autovigilancia y autogobierno, es un santuario donde los cárteles de la droga están ausentes, al igual que el Estado mexicano.

No obstante, detrás de la calma hay un pueblo bajo un estricto control, el cual yace en manos de grupos paramilitares que sólo rinden cuentas a sus patrones. La adicción a las drogas y el suicidio se han disparado, según comentan los lugareños, a medida que el contrato social enfrenta cada vez mayor presión.

Tancítaro representa una tendencia silenciosa pero reveladora en México, donde un puñado de pueblos y ciudades se están separando de facto, en todo o en parte, del Estado. Se trata de actos de desesperación que revelan cómo la policía y los políticos mexicanos son vistos como parte de la amenaza.

Si visitas tres enclaves de ese tipo –Tancítaro, Michoacán; Monterrey, una acaudalada ciudad comercial al norte del país, y Ciudad Nezahualcóyotl, justo a las afueras de la capital mexicana–, encontrarás un patrón.

Cada uno es un paraíso de relativa seguridad entre la violencia, lo cual sugiere que su diagnóstico del problema era el correcto. No obstante, sus victorias son frágiles y conllevan un costo considerable.

Son excepciones que confirman la regla: la crisis de México se manifiesta en forma de violencia, pero está enraizada en la corrupción y la debilidad del Estado.

POR LAS ARMAS

Comenzó como una revuelta. La gente del pueblo formó grupos de autodefensa para expulsar a los grupos de delincuencia organizada que controlaban, en la práctica, buena parte de Michoacán y a la policía local, que era vista como cómplice.

Los propietarios de aguacatales, cuyas familias y negocios se enfrentaban a la creciente amenaza de la extorsión, financiaron la revuelta.

Así fue como Tancítaro se quedó sin policía ni gobierno, puesto que las autoridades huyeron. En cambio, el poder se acumuló entre los paramilitares que controlaban las calles y quienes los respaldaban y financiaban, una organización de agricultores de aguacate adinerados conocida como Junta Local de Sanidad Vegetal, que los ciudadanos suelen llamar la Junta.

Casi cuatro años después, mientras que otros pueblos gobernados por autodefensas en Michoacán colapsaron debido a la violencia, las calles permanecen seguras y limpias.

Sin embargo, al deshacerse de las instituciones que permitían que el crimen floreciera, Tancítaro creó un sistema que se asemeja en muchos aspectos al control que tendría un cártel.

El Gobierno comenzó con una purga. Los jóvenes sospechosos de formar parte del cártel fueron expulsados del pueblo. A los de bajo nivel (los informantes o halcones), principalmente niños, se les permitió quedarse, aunque los narcotraficantes terminaron por asesinar a la mayoría de ellos en represalia, según un comandante del grupo de autodefensas.

Si bien la violencia disminuyó, permaneció la estructura de poder de tiempos de guerra. Ahora los grupos paramilitares fungen como la policía, además de encargarse de resguardar el perímetro del pueblo y los aguacatales.

CON LA CHEQUERA

Si Tancítaro se separó con las armas, la ciudad de Monterrey, sede de muchas de las más importantes corporaciones de México, lo hizo con un fichero de tarjetas de presentación y un apretón de manos.

En lugar de expulsar a las instituciones, la élite empresarial regia se apoderó de ellas sin decir nada, con la bendición de sus amigos y compañeros de golf que son servidores públicos.

Sin embargo, el progreso que tuvieron, que alguna vez fue extraordinario, ahora vacila y la delincuencia está regresando.

“Mira, tengo mucha experiencia en estos temas, y el proyecto del que me siento más orgulloso es este de Monterrey”, declaró Jorge Tello, consultor de seguridad y exdirector de la agencia nacional de seguridad. “Es muy fácil perderlo”, advirtió, agregando que quizá ya es demasiado tarde.

Tello estaba cenando con el entonces Gobernador, quien recibió una llamada de José Antonio Fernández, el director de FEMSA, una de las empresas más grandes de México.

Los guardias de seguridad privada de FEMSA habían sido atacados por integrantes de los cárteles mientras llevaban a los hijos de los empleados a la escuela. Dos habían muerto repeliendo lo que muy probablemente era un intento de secuestro.

Un club de directores ejecutivos que se hacen llamar el Grupo Monterrey o Grupo de los 10, ofreció ayuda para financiar y reformar a la Policía Estatal. Rodrigo Medina (ahora acusado de cargos de corrupción) aceptó.

Contrataron a un consultor, que sugirió hacer cambios en los niveles superiores y en los inferiores y remplazó a casi la mitad de los funcionarios.

Cuando el Gobernador anunció después un plan ambicioso para crear una nueva fuerza policial, la Fuerza Civil, que tendría el propósito de restaurar el orden, nuevamente invitó a los líderes empresariales a participar

Los directores ejecutivos ahora supervisarían una de las funciones más centrales del Gobierno. Financiaron viviendas especiales y mejores salarios para los oficiales.

Sus áreas de mercadotecnia llevaron a cabo una campaña de reclutamiento en todo el país. Quizá lo más importante fue que evadieron la burocracia y la corrupción que habían empantanado otros esfuerzos de reforma policial.

La delincuencia disminuyó en toda la ciudad y la experiencia de Monterrey terminó por proveer todavía más evidencias de que en México la violencia era sólo un síntoma; la verdadera enfermedad se encuentra en el Gobierno.

La toma de poder corporativa funcionó como una suerte de cuarentena; no obstante, sin tratar la enfermedad, la cuarentena inevitablemente terminó.

A finales de 2015 asumió el cargo Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien no renovó algunas de las reformas y colocó a sus amigos en posiciones clave del Gobierno.

La delincuencia y las denuncias de brutalidad policial ahora están resurgiendo, en especial en los suburbios de la clase trabajadora.

Los líderes empresariales, cuyas riquezas siguen a salvo, no han logrado o se han negado a presionar al nuevo Gobernador. “Las cosas mejoraron, la gente se sintió cómoda y luego destruyeron todo”, comentó Tello.

POR LAS URNAS

“Uno no espera que un lugar como Neza tenga algo de atractivo o emocionante”, comentó John Bailey, profesor de la Universidad de Georgetown que estudia la vigilancia policial en México.

Ciudad Nezahualcóyotl, una extensión de un millón de residentes a las afueras de la zona metropolitana de Ciudad de México, llegó a ser conocida principalmente por su pobreza, la violencia pandillera y una corrupción policial tan prevaleciente que los oficiales comúnmente extorsionaban a los ciudadanos.

Hoy, aunque todavía sigue siendo un barrio bravo, Neza es mucho más seguro. Sus policías son considerados “un modelo realmente prometedor”, de acuerdo con Bailey, en una parte del país donde la mayoría son vistos como amenazas.

A diferencia de Tancítaro o Monterrey, Neza no tiene paramilitares ni una élite empresarial que se haga del poder o lo gane. Su Gobierno parece normal a simple vista. Sin embargo, el jefe de la policía que ha supervisado los cambios, un exacadémico con un aire de abuelo llamado Jorge Amador, no es normal.

Se ha separado de una parte del Estado que para la politóloga Joy Langston es el punto clave de los fracasos en México: su sistema partidista.

Neza invirtió el modelo de Monterrey, en lugar de establecer una fuerza policial independiente y apropiarse del sistema político, Neza estableció un sistema político independiente y se apropió de la policía.

Los partidos de la clase gobernante de México son más que partidos; son el Estado. Quienes son leales, cuenten o no con la capacitación para ser servidores públicos, son quienes dirigen las instituciones. Los funcionarios tienen poco campo de acción y pocos incentivos para investigar la corrupción que podría implicar a miembros del mismo partido.

La mayoría cambia de cargo tras algunos años, lo cual frena los pocos avances que se puedan llegar a dar.

Aunque Neza es dirigido por un partido de izquierda, el PRD, existe fuera de este sistema. Sus líderes parecen tener el campo de acción para limpiar a las instituciones locales y retirar a las autoridades estatales, del partido PRI, que también controla el Gobierno federal.

Amador despidió a uno de cada ocho oficiales y cambió a todos los comandantes.

La secesión burocrática de Neza permitió repensar la fuerza de las autoridades según cómo se les veía. Sabía que la corrupción y la delincuencia siempre pagarían más que lo que él podría dar. Así que ofrecería algo más valioso que el dinero: una identidad cívica orgullosa.

Sin embargo, las ganancias de Neza podrían esfumarse, advirtió Amador, si la delincuencia en las áreas colindantes continúa aumentando o si la Alcaldía cambia de partido. (Con información de The New York Times)

Diversidad

» Los cultivadores de aguacate en Michoacán ayudaron a financiar a las autodefensas y lograr protección.

» Los empresarios de Monterrey decidieron inmiscuirse en acciones gubernamentales a fin de cuidar sus intereses y de la población.

» La libertad para experimentar en Neza, trajo resultados a mediano plazo.