Ciudad de México.- La historia de Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela, conocidas como Las Poquianchis, no comenzó con los crímenes. Se gestó en el seno de una familia pobre y profundamente violenta en El Salto, Jalisco, en las primeras décadas del siglo XX.

Su padre, un hombre autoritario y brutal, las golpeaba con frecuencia y castigaba con severidad. Su madre, sumida en un catolicismo rígido, les impuso una educación moral opresiva. Ese ambiente familiar —una mezcla de misoginia, control religioso y precariedad económica— dejó cicatrices que más tarde se reflejarían en el infierno que las hermanas construyeron.

El negocio nace del dolor

La primera en acercarse al mundo de los bares fue Carmen, quien huyó con un hombre y abrió una cantina. Cuando el negocio fracasó y el dinero se esfumó, ella volvió a casa con el conocimiento de cómo funcionaban los centros de expendio de licor y sexo.

Poco después, Delfina tomó el mando e invirtió la herencia familiar en abrir un prostíbulo en El Salto. Tras una pelea que terminó con la muerte de uno de sus hijos, el lugar cerró. Pero ese no fue el fin: María de Jesús compró un burdel llamado El Poquianchis, que daría origen al apodo que marcaría a la familia.

Juntas comenzaron a expandir su red, instalando prostíbulos en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y en Lagos de Moreno, Jalisco, con la colaboración de autoridades locales, que recibían favores sexuales a cambio de permisos y protección.

El infierno tras las puertas

Lo que empezó como una red de burdeles ilegales rápidamente se transformó en una estructura criminal sistemática de trata de personas, esclavitud sexual y asesinato. Las hermanas reclutaban a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo como empleadas domésticas, para después privarlas de su libertad y obligarlas a prostituirse bajo constantes amenazas, violencia física y deudas impuestas.

Las víctimas, muchas de ellas menores de edad, eran raptadas o engañadas. Se les obligaba a mantener relaciones sexuales para “pagar” alimentos, ropa y un techo —aunque ese techo fuera un piso de tierra, sin cobijas ni higiene.

Las mujeres dormían entre excrementos, eran golpeadas por “Las Verdugas” —otras mujeres al servicio de las hermanas— y morían por enfermedades, desnutrición o complicaciones de abortos forzados. Sus cadáveres eran enterrados clandestinamente en los mismos predios donde fueron torturadas.

“Despertaron terror y odio, pero también lujuria y avaricia”, señala el fallo judicial emitido en su contra.

Complicidad institucional

Una de las características más alarmantes del caso fue la complicidad de autoridades municipales, policías, militares y funcionarios públicos, que participaban activamente en la explotación sexual o guardaban silencio a cambio de servicios sexuales gratuitos. Esta red de protección permitió que Las Poquianchis operaran durante años sin ser molestadas.

Entre las familias del Bajío comenzó a circular una advertencia:

“No salgas sin permiso, o te llevan Las Poquianchis y ya nadie te encuentra”.
Eran parte del terror cotidiano, una amenaza que parecía más leyenda que realidad… hasta que se confirmó.

El día en que se rompió el silencio

Fue en 1964 cuando, tras denuncias anónimas, comenzó una investigación formal. La resistencia de las autoridades locales obligó a una intervención estatal, que descubrió restos óseos, testimonios desgarradores de sobrevivientes y una red de complicidades que funcionaba como una maquinaria de muerte.

Las hermanas fueron arrestadas y llevadas a juicio. Se les imputaron delitos como homicidio calificado, secuestro, trata de personas, corrupción de menores, violación sexual, asociación delictuosa, entre otros.

El fallo condenatorio documentó más de 90 víctimas, aunque se presume que fueron muchas más. Se les dictó una pena máxima de 40 años de prisión. También fueron procesados sus cómplices, tanto hombres como mujeres.

¿Asesinas seriales? Un mito cuestionado

Aunque a menudo se les describe como “asesinas seriales”, una tesis de grado titulada “Las Poquianchis, una aproximación desde el psicoanálisis” sugiere que este término puede ser impreciso. No actuaban motivadas por impulsos personales ni por patrones rituales, sino por un interés económico sistemático y criminal. Eso no atenúa su culpa, pero obliga a replantear cómo se narra su historia.

Lo que sí es claro: Las Poquianchis construyeron una empresa del horror, protegida por el machismo, la impunidad y el silencio institucional. Y aunque sus nombres quedaron en los expedientes judiciales, las verdaderas raíces de su poder siguen sin ser plenamente confrontadas.