Washington, D.C. — Pese al triunfo del Partido Demócrata en las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre, donde obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, el gobierno de Estados Unidos mantendrá sin cambios sus políticas de control migratorio y repatriación.

Así lo confirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien a través de un mensaje en la red social X garantizó la continuidad de las directrices impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

” “Las deportaciones continuarán” (Deportations will continue), aseveró el funcionario federal, desestimando que el giro en la composición del Poder Legislativo frena las acciones de contención en las fronteras y en el interior del país.

Defienden operatividad permanente de ICE

En pronunciamientos complementarios, Mullin respaldó las tareas desarrolladas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), destacando que los agentes mantienen despliegues operativos continuos durante todo el año, incluidos periodos festivos.

El titular de Seguridad Nacional sostuvo que las intervenciones de la agencia están orientadas principalmente a la localización y detención de personas con antecedentes por delitos graves, defendiendo la estrategia de arrestos y expulsiones instrumentada por la Casa Blanca.

Las facultades del nuevo Congreso

Con el control de ambas cámaras a partir de 2027, la bancada demócrata asumirá facultades de supervisión sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Entre sus atribuciones constitucionales, los comités legislativos podrán convocar a audiencias públicas, solicitar expedientes internos y citar a comparecer a funcionarios de la administración federal.

Asimismo, la nueva mayoría parlamentaria tendrá injerencia en la negociación presupuestaria de las agencias de orden público. No obstante, especialistas en derecho constitucional aclaran que la victoria legislativa de la oposición no implica la cancelación automática de las deportaciones, ya que cualquier modificación sustancial a las leyes de migración o recorte presupuestario requiere agotar el trámite legislativo y librar un eventual veto presidencial.