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El Economista
Publicado el martes, 17 de noviembre del 2026 a las 19:01
Nelly Toche | Ciudad de México.- La reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, aprobada por el Congreso en junio de 2025 y conocida popularmente como la “Ley Mincho”, en homenaje a un delfín nariz de botella cuyo accidente durante un espectáculo turístico en la Riviera Maya detonó la indignación pública y una campaña ciudadana que impulsó la reforma, plantea riesgos operativos, financieros y de salud animal que amenazan con desestabilizar a una población de 300 ejemplares bajo cuidado profesional en México, advirtió Rodrigo Constandse, presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR).
En entrevista con El Economista, el directivo explicó que, en el marco de la revisión de diversos juicios de amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la legislación ya se encuentra vigente para todo el sector, independientemente del fallo judicial, que solo aplicará a las instituciones promoventes. Sin embargo, su implementación presenta vacíos técnicos que podrían generar efectos contrarios al bienestar animal que busca garantizar.

La reforma de 2025 transformó el marco regulatorio para el manejo de delfines, orcas, lobos marinos y otros mamíferos marinos en México, a partir de cuatro ejes centrales:
Constandse señaló a este diario que el espíritu de la reforma busca evitar una crisis similar a la ocurrida tras la prohibición de animales en los circos, donde murió o desapareció cerca del 80% de los ejemplares, mediante una extinción gradual de los delfinarios conforme los animales cumplan su ciclo de vida. Sin embargo, advirtió que detener la reproducción de manera forzada conlleva implicaciones clínicas severas.
Por ejemplo, obliga a separar a machos y hembras, lo que fracturaría las estructuras de manadas ya consolidadas. Además, se exige administrar tratamientos hormonales a las hembras durante décadas, una práctica asociada al desarrollo de diversas patologías.

Respecto al mandato de trasladar a los delfines que actualmente habitan en albercas hacia corrales marinos, el presidente de la AMHMAR sostuvo que la medida es inviable en la práctica, pues no existen permisos ambientales vigentes para construir nuevos corrales, se carece de presupuesto para su desarrollo y las instalaciones actuales no tienen capacidad para absorber a toda la población.
Asimismo, descartó cualquier posibilidad de reintroducir a estos ejemplares en mar abierto.
“Entre el 70% y el 80% de los delfines en México nacieron bajo cuidado humano y otros provienen de ecosistemas extranjeros, por lo que carecen de habilidades de supervivencia y caza”. Citó el antecedente de la orca Keiko, cuya liberación forzada derivó en su muerte por desnutrición y neumonía al buscar el contacto humano en lugar de alimentarse por sí misma.
“Si tú rompes uno de los eslabones del bienestar animal, vas a generar inestabilidad. Hoy estos animales viven más que sus contrapartes en vida silvestre porque sus grupos sociales están bien integrados, tienen medicina veterinaria y enriquecimiento físico y mental”, puntualizó Constandse, en referencia a los cinco dominios del bienestar animal regulados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-135.
En el plano financiero, la AMHMAR estima que mantener a un delfín en condiciones óptimas de salud, alimentación y atención veterinaria cuesta alrededor de 1.5 millones de pesos al año. Al multiplicar esta cifra por los 300 mamíferos marinos que actualmente viven bajo cuidado profesional en México, el sostenimiento agregado de la población asciende a 450 millones de pesos anuales.
Dado que estos ejemplares tienen una esperanza de vida restante de entre 20 y 35 años, el compromiso financiero acumulado alcanzaría los 9,000 millones de pesos tan solo en un horizonte de dos décadas.
Constandse enfatizó que este gasto se financia mediante los ingresos que permiten operar los planes de manejo autorizados. En caso de que las autoridades ordenen el cierre de instalaciones sin un esquema de transición ordenado, como ocurrió en Canadá y Francia, países que enfrentaron crisis de reubicación y exportación, el Estado tendría que asumir una carga presupuestal y operativa para la cual no cuenta con recursos.
Ante este escenario, el presidente de la AMHMAR hizo un llamado al diálogo entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles para construir una transición de largo plazo basada en evidencia científica, que permita garantizar la calidad de vida de los ejemplares durante sus últimas décadas y mantener informada a la ciudadanía.
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