Saltillo, Coah.- El pasado 11 de julio, una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal de Saltillo atrajo de nueva cuenta los reflectores de los medios a nivel nacional: un hombre denunció la filtración de contenido íntimo por parte de su exesposa, quien usaba el material para amenazarlo y condicionarlo durante su proceso de divorcio para desacreditarlo sobre el tema de la patria potestad.

Diego “N” inició el proceso acompañado de su abogada Brenda Zavala de la Peña, y la juez Griselda Elizalde Castellanos determinó que las pruebas fueron suficientes para vincular a proceso a Yessica “N”, la expareja del hombre que dijo ser violentado virtualmente.

La respuesta no se hizo esperar, un despliegue mediático tomó la primera historia del hombre defendido por la llamada Ley Olimpia, y el caso, cuya siguiente audiencia está proyectada para el próximo 13 de septiembre, se convirtió en un ejemplo de administración de Justicia y aplicación, sin distinción de género de la ley a quien la infringe, y además se comprueba con evidencia su falta.

‘Otras reacciones’

Sin embargo, un día después también llegaron las “otras reacciones”, esas que cuentan con “otros datos” sobre la relación del ciberacoso, la violencia digital y la difusión de contenido íntimo, por la que Olimpia Coral Melo Cruz denunció y logró impulsar las acciones y reformas legales para perseguir este tipo de delitos, para que se brindara protección a todas las mujeres víctimas de la difusión de los llamados “packs”, videos o fotografías sugerentes o explícitas.

La misma activista, por la que al paquete de artículos y leyes se le llama Ley Olimpia, condenó en su cuenta de Twitter el pasado 14 de julio: “La Justicia es tan patriarcal que cuando se utiliza #LeyOlimpia para un hombre fue rápida, expedita y la sociedad la aplaude. Antes solo nos llamaron locas y culpables. Nunca un hombre estará en las mismas condiciones de desigualdad que una mujer”.

No fue la única reacción a nivel nacional, y mucho menos en Coahuila. Activistas, defensoras de derechos humanos, feministas y colectivos en favor de las mujeres lamentaron esta “tergiversación” con la que se impulsa una aplicación de la ley sin distingos de género para impulsar la construcción de una cultura de igualdad o equidad, puesto que cientos de casos de mujeres siguen pendientes para ser procesados, no solo en Coahuila, sino en todo el país.

Un extenso ‘pendiente’

De acuerdo con el estudio del colectivo Luchadoras, Justicia en Trámite, Investigaciones Sobre Violencia Digital, en Coahuila se abrieron de 2017 a febrero de 2021 al menos 273 carpetas ante la Fiscalía General del Estado por “sexting” o difusión de contenido íntimo.

De las 273 carpetas de investigación había 207 víctimas mujeres y solo 66 hombres que denunciaron ante las autoridades, de las cuales 44 eran carpetas abiertas por Invasión a la Privacidad, 32 más por delitos contra la Información Privada en Medios Informáticos y 258 Violaciones a la Privacidad a la Imagen o Intimidad.

Asimismo, se destaca que entre los pendientes antes estaba el hecho de que no había confianza para las denuncias o los procesos judiciales, y en ese apartado entró el colectivo Defensoras Digitales en Saltillo, que entre marzo de 2019 y noviembre de 2020 abrió una página en Facebook con el propósito de prestar auxilio a jóvenes víctimas de ciberacoso y violación a su intimidad. En total recibieron más de 180 casos o solicitudes de auxilio de mujeres que alertaron ser víctimas de algún tipo de coerción con material íntimo.

Yunuen Castillo, una de las promotoras de este colectivo, precisó que de esas 180 peticiones de apoyo y acompañamiento solo cuatro lograron materializarse como denuncias formales, y solo uno terminó en sentencia, lo que exhibe cómo el 97% de impunidad en el país no solo se debe al fenómeno de “puerta giratoria” de las autoridades, sino también a la desconfianza y la falta de credibilidad en los procesos y autoridades judiciales del país ante su efectividad.

“ Es importante visibilizar cuántas miles de mujeres en México han ido a denunciar casos de violencia digital, de violencia a la intimidad sexual, y ni siquiera ha procedido la denuncia. Ver cómo de tantos casos de mujeres un porcentaje muy pequeño es el que se judicializa y todavía uno menor es el que llega a sentencia condenatoria, es terrible. Qué bueno (que esta vez ha tocado a un hombre), porque lo importante del derecho es que se haga justicia. Pero desde el feminismo siempre insistimos en ver estas asimetrías del poder, estos pisos que desgraciadamente no son parejos”, cuestionó.

Ante la situación, la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Cuajimalpa publicó el pasado 15 de julio el artículo Usan Ley Olimpia a favor de un hombre. Colectivas feministas piden perspectiva de género en sistema judicial, donde advirtió con voces de activistas de Coahuila y de todo el país el largo pendiente de investigaciones de mujeres víctimas de violencia digital que no han sido atendidas por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

En esta publicación, Ariadne Lemont, vocera de Activistas Feministas de La Laguna, una organización que acompaña a víctimas de violencia en La Laguna, advirtió que “si hay algo de relevante en este proceso que se ha abierto en un tribunal de Saltillo, la capital de Coahuila, es que pone en perspectiva la disparidad que existe en el acceso a la justicia entre mujeres y hombres”.

‘Más leyes no es igual a más justicia’

El colectivo Luchadoras manifestó cinco puntos claves para comprender la situación del ciberacoso en México: el primero implica que “Más leyes no es igual a más Justicia”, ya que advierte que la atención a la violencia digital continúa teniendo muchos vacíos, y las necesidades de acceso a la justicia y reparación del daño se quedan en trámite de manera indefinida en manos de las autoridades.

“ En promedio, dos mujeres denuncian violencia digital diariamente en la Ciudad de México, pero son mínimos los casos que encuentran una solución y que, además, no siempre es benéfica para la víctima”, señala el colectivo en su nota Acceso a la justicia en casos de violencia digital ¿Qué pasó en 2021?, publicado el 5 de enero.

Por otro lado, advierte que en la mayoría de los casos “los agresores son hombres mayores agrediendo mujeres jóvenes, se trata de relaciones de poder”, y ejemplifica la situación al destacar que realizaron un ejercicio en la Ciudad de México, con aproximadamente mil 500 solicitudes de acceso a la información a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para conocer los avances en el acceso a la justicia en casos de violencia digital.

En sus primeros hallazgos identificaron que las solicitudes, que abarcan el periodo del 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, a partir de cuatro delitos del Código Penal para el Distrito Federal, hallaron que hubo 209 por amenaza; 236 por extorsión; 179 bis: acoso agravado en personas menores; 181 quintus: difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Denuncias no llegan al PJ

El Colectivo Luchadoras también advierte que las denuncias no llegan al Poder Judicial, puesto que de aproximadamente mil 500 denuncias, solo 8 causas penales llegaron al Poder Judicial, esto quiere decir que solo 0.53% de los casos llegaron a manos de una persona juzgadora para iniciar el procedimiento penal de manera formal ante tribunal.

A la par de este contexto, el pasado 19 de julio, durante el foro Transparencia y Seguridad en el Mundo Digital, organizado por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, legisladores, especialistas y empresarios destacaron la importancia de garantizar la ciberseguridad y la protección de datos personales en Internet.

Por ello, coincidieron en que se debe fortalecer el marco jurídico para que el Estado, además de salvaguardar la integridad de las personas, también proteja la infraestructura nacional y los bienes públicos. Recordó que el ámbito digital también se ha utilizado para atentar contra niñas y niños, mediante la práctica deleznable conocida como grooming, la pornografía infantil y la explotación sexual.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, dijo que la dependencia al Internet y el crecimiento económico provocó que la delincuencia también evolucionara en la piratería informática, en el diseño de programas maliciosos, robo de correos electrónicos, ciberdelincuencia y red oscura, que no conocen fronteras y ocasionan daños a negocios, gobiernos y personas.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa dijo que, en México, se han registrado más de 80 mil millones de intentos de ciberataques tan solo en el primer trimestre de 2022, lo que representa un incremento de 41.9% respecto a todos los ataques en 2021; agregó que, para 2025, se estima que ese negocio delincuencial alcance los 15 trillones de dólares.

(Con información de David González, Colectivo Luchadoras, UAM Cuajimalpa, INEGI, Senado de la República y Monitoreo Infonor)