Ciudad de México.- La ley sueca contra la prostitución que sanciona a los clientes no ha tenido un efecto disuasivo en sus quince años de existencia, afirmó la autoridad sanitaria regional de Estocolmo en un estudio publicado el viernes.

Suecia se convirtió en 1999 en el país pionero en penalizar a los clientes por “la compra de servicios sexuales” con multas de hasta 7.500 coronas (820 euros) y penas de hasta seis meses de cárcel (o dos años, si la prostituta es menor de edad).

Sin embargo, ninguna pena de prisión firme ha sido pronunciada y la policía se queja de la falta de recursos para identificar a los autores del delito.

Según las autoridades sanitarias de la región de Estocolmo, que han realizado la investigación a petición del Gobierno, el delito sigue siendo tan frecuente como antes de que la ley entrara en vigor.

“La proporción de individuos que pagan por servicios sexuales en Suecia es relativamente estable en el tiempo: en torno al 7,5% de los hombres suecos de 18 a 65 años lo han hecho al menos una vez” en la vida y “cerca del 1%”, en los últimos 12 meses, subrayan los autores del informe.

La estimación del número de personas que trabajan en la prostitución es difícil de obtener. Se sabe que esas personas salen cada vez van menos a buscar a sus clientes a la calle: en la actualidad no serían más que 200 o 250 frente a las 650 de 1995, según el estudio. Ahora multiplican su presencia en internet.

Al cabo de los último ocho años, el número de ofertas de prostitución se ha multiplicado por 20, y en la actualidad serían unas 7.000, si bien una sola prostituta puede poner varios anuncios en diversos sitios de internet, advierten los autores del informe.

“La prostitución se beneficia de una publicidad más abierta que nunca en Suecia”, pero “en relación con muchos otros países, aquí el problema es más limitado”, concluye la principal autora del estudio, Amanda Netscher, especialista de la criminalidad contra las mujeres.

La ley sueca ha sido copiada en otros dos países nórdicos: Noruega e Islandia, mientras que en Francia, la cámara de diputados adoptó en diciembre de 2013 una proposición de ley similar que será examinada por el Senado el 30 y 31 de marzo.