Finalmente, la Cámara de Diputados, hace días, aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejor conocida como: “ley censura”, mediante la cual el régimen gobernante se permitirá tener vigilancia masiva tanto a medios de comunicación, como al total de los ciudadanos; esta reforma mata al órgano autónomo de nombre Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como autoridad reguladora.

Esta nueva agencia, contemplada ya desde la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024, tenía toda la intención de crear un órgano con excesivo poder que concentrara todas las competencias y el poder de manera unipersonal; sin embargo, la industria advirtió el riesgo que se corría frente al T-MEC, ya que, se evidenciaba el régimen dictatorial que se pretende instaurar en nuestro país.

Así pues, y conscientes de lo anterior, los de la 4T rediseñaron su propuesta, pero conservando las ganas de arrogarse todo el poder y control de los medios de comunicación y de cualquier opinión en redes, por lo que, junto con la ATDT, se propuso la conformación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), misma que en la letra se describe como un órgano desconcentrado con autonomía e independencia técnica, operativa y de gestión; pero, su dirección estará conformada por cinco consejeros, impuestos directamente por la Presidenta de la República, adiós independencia.

Esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, tiene la facultad de suspender o cancelar transmisiones de programas en medios de comunicación. Esta facultad se encuentra contemplada en esta nueva ley de telecomunicaciones, que establece que la CRT puede tomar medidas para “cuidar que no se afecten a las audiencias”. Esta disposición no es otra cosa que una forma de censura y control sobre los medios.

Si usted considera que en nada le afectará esta nueva Secretaría de Estado, déjeme decirle que ya en funciones, la misma podrá rastrear, en tiempo real, el celular de cualquier persona, sin importar a qué se dedique y sin que sea necesaria la orden judicial, ya que obliga a los concesionarios de telecomunicación a darle acceso al Gobierno a todos los datos de su teléfono; además, será esta misma ATDT quien desarrollará los mecanismos de identidad y ciudadanía digital, mediante la nueva Clave Única de Registro de Población, que ahora contendrá datos biométricos con iris, huellas digitales, fotografía y firma digital.

Esta nueva CURP será la “llave” o “contraseña” digital de cada mexicano, y será obligatoria para contratar una línea telefónica, realizar trámites gubernamentales y bancarios, datos que, aunados a la geolocalización y acceso a todas nuestras llamadas, dotarán de toda nuestra información personal a este Gobierno acusado de tener nexos con la delincuencia, esto sí debe ponerle los pelos de punta.

En resumen: lo sucedido a Karla María Estrella, de Sonora; a Jorge González Valdez, de Campeche y a otros tantos mexicanos que han sido sancionados por criticar a los gobernantes de la 4T, sólo fue el preludio de lo que nos pasará ahora que se aplique, sin contrapesos, esta nueva “Ley Censura” que evidentemente está diseñada para acabar no solo con nuestra libertad de expresión, sino que aniquilará también, nuestro derecho a la privacidad de nuestros datos personales.