Ciudad de México.- Para el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó el enrolamiento de más de 29 millones de estudiantes, de educación básica, media superior y escuelas normales. A medida que se avecina el arranque del nuevo ciclo el 28 de agosto, las expectativas apuntan a un aumento en el número de inscripciones. No obstante, esas cifras se han visto ensombrecidas por una controversia sobre la legalidad y la calidad de los recién presentados Libros de Texto Gratuitos (LTG).

Los compendios didácticos, un esfuerzo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), han suscitado álgidas discusiones en la comunidad educativa debido a los enfoques disímiles y alteraciones en su contenido. Esta situación ha llevado a especialistas a expresar sus inquietudes y alertas en torno a la validez y efectividad de estos materiales.

Entre ellos, destacan la Dra. Irma Villalpando, académica de la UNAM, y Alma Maldonado, miembro del Cinvestav, quienes a través de varios medios han denunciado varias problemáticas en estos libros. Entre los problemas señalados, destaca la reducción de los temas abordados, imprecisiones conceptuales y una notable ausencia de elementos de la literatura universal.

Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), también en un tono crítico, ha manifestado su desacuerdo con la concepción y el contenido de estos libros de texto. La academia subraya la falta de representación de la diversidad de la sociedad mexicana y la ausencia de un respaldo científico sólido, contraviniendo los principios fundamentales.

En respuesta a este escenario, la AMC ha propuesto una colaboración constructiva para evaluar los libros de texto gratuitos, convocando a sus miembros a contribuir con recomendaciones destinadas a abordar las deficiencias y garantizar un enfoque pedagógico respaldado por conocimiento científico.

Desde la perspectiva del diputado morelense Eliasib Polanco Saldivar, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales del Estado de Morelos, es imperativo considerar el nivel jurídico en un sistema educativo tan complejo como el mexicano. Polanco Saldivar resalta que los los nuevos libros de texto gratuitos, representan solo una faceta del entramado educativo y que no se puede pasar por alto su conformidad con el marco legal.

La discusión jurídica se centra en el artículo 23 de la LGE, el cual establece la necesidad de desarrollar Planes y Programas de Estudio con la participación de gobiernos estatales y diversos actores educativos.

En este contexto, Polanco Saldívar subraya la contradicción entre el proceso seguido por la SEP y los requisitos legales. A pesar de la ley que exige la participación de diversos sectores en la creación de los LTG, la SEP optó por asambleas cuyas convocatorias parecen haber tenido la intención de limitar la participación y marginar voces críticas.

Eliasib Polanco Saldivar, legislador del Partido Revolucionario Institucional y también secretario de Organización de la CNOP a nivel nacional, señala cómo las infracciones legales han generado una incompatibilidad entre los LTG y el marco legal vigente, el cual fue formulado durante el actual sexenio.

“Resulta paradójico que una iniciativa impulsada por el presidente y sus mayorías en el congreso, en aras de fomentar procesos participativos, haya caído en la violación de la ley”, puntualiza Eliasib Polanco Saldivar

“Si el gobierno pretende fomentar una sociedad democrática, debe permitir la participación de los mecanismos que las leyes disponen, en lugar de pretender una participación superficial”, enfatiza.

Esta visión cobra mayor relevancia a la luz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recientemente otorgó la suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos aseguren la observancia de los procedimientos legales en la determinación de los programas y planes de estudio.

En respuesta a la controversia, varios gobernadores, entre ellos los de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, han optado por detener la distribución de estos libros en sus respectivas regiones. “La atención prestada por los gobiernos estatales para mejorar estos materiales refleja su compromiso con la formación de las generaciones futuras”, destaca Eliasib Polanco Saldivar.