Frente a la consolidación de la 4T y el liderazgo de Claudia Sheinbaum, los grupos de presión —incapaces de articular un discurso persuasivo y de entender la nueva realidad política del país— ensayan fórmulas para desestabilizar el país sin medir las consecuencias. La reacción recurre como en el pasado, en circunstancias análogas, a gobiernos y aliados extranjeros para debilitar al Estado y plegarlo a sus intereses. Hoy sus esperanzas las fincan en Donald Trump, quien ha demostrado ser un socio poco confiable, el Congreso de Estados Unidos, de mayoría conservadora, y el gran capital. Sin embargo, esta vez afrontan a la presidenta más poderosa y legitimada que el país haya tenido en mucho tiempo, por encima incluso de Andrés Manuel López Obrador.

De Salinas de Gortari a Peña Nieto, los presidentes cedieron a la oligarquía nacional e internacional, y a los poderes fácticos, sectores reservados al Estado, lo cual redujo la capacidad del Gobierno para atender las demandas de educación, salud y seguridad. No sólo se vendieron bancos, empresas estratégicas [Teléfonos de México (Telmex) y Altos Hornos de México (AHMSA)], ferrocarriles, puertos y aeropuertos. También Pemex y la CFE se abrieron a la inversión extranjera bajo esquemas ventajosos. Los apagones en España han generado protestas y puesto en entredicho la política neoliberal según la cual los servicios de agua, gas y electricidad están mejor en manos privadas, como es el caso de Aguas de Barcelona (Agbar) en Saltillo. Consciente del riesgo, el Gobierno de Emmanuel Macron nacionalizó la industria eléctrica.

“El Estado francés vuelve a ser el único accionista de Èlectricité de France [EDF]”. La operación, completada hace dos años a través de un procedimiento de venta forzada de las acciones de EDF, “confirma la naturaleza plenamente soberana de las actividades de producción de electricidad nuclear de EDF, en línea con la estrategia política energética definida por el Presidente de la república” [El Economista.es, 08.07.23]. El ejemplo empieza a cundir en España, Alemania e Italia, donde los Gobiernos buscan salvar a empresas emblemáticas afectadas por la crisis económica y las secuelas de la pandemia de COVID-19.

Andrés Manuel López Obrador revirtió la reforma energética de Peña Nieto, aprobada en parte mediante sobornos a legisladores del PRI y el PAN, y otras prácticas corruptas, para recuperar soberanía y asegurar el suministro de combustibles y electricidad. La promesa de que la participación privada —nacional y extranjera— en Pemex y la CFE generaría millones de empleos y reduciría los precios y las tarifas, era otro mito neoliberal. Los gasolinazos del Gobierno peñista desencadenaron protestas y disturbios, sobre todo en la frontera.

López Obrador incumplió una parte de sus promesas de campaña (reducir la violencia, elevar el crecimiento económico, el empleo y dotar al país de un sistema de salud de primer mundo), pero entendió que la globalización y el modelo económico vigente estaban en decadencia. Desde esa perspectiva impulsó el crecimiento interno. El segundo mandato de Donald Trump y la creciente influencia de China, cada vez mayor en América Latina, aceleran el proceso y estimulan la formación de bloques regionales. La cautela y determinación de la presidenta Sheinbaum le han permitido superar obstáculos y momentos difíciles en su relación con Trump. Mientras otros líderes tiemblan frente al Presidente estadunidense, la estadista mexicana gana prestigio y reconocimiento internacional, algo que hace rabiar a las élites, pues dificulta la tarea de someterla.