El documento prevé cambios a once artículos de la Constitución y, entre otros aspectos, plantea un recorte de 25 por ciento al financiamiento de los partidos políticos, equivalente a cerca de 2 mil millones de pesos, pero sin reducir el gasto del INE ni de los organismos públicos locales electorales (OPLEs).
Considera asimismo un ajuste a las remuneraciones de los funcionarios del INE, organismos y tribunales electorales locales, a fin de que ninguno de ellos gane más que la Presidenta de la República.
Se propone asimismo reducir de 128 a 96 el número de senadores, eliminando a los 32 plurinominales.
La Cámara de Diputados conservaría 500 legisladores, 300 de ellos electos por mayoría relativa y 200 de representación proporcional, pero, de éstos últimos, cien obtendrían sus curules como segundos lugares con los más altos porcentajes de votación en sus distritos y otros cien mediante el voto directo a través de listas de candidatos presentadas por los partidos en cinco circunscripciones regionales.
En dichas listas se incluirán mexicanos residentes en el extranjero para la representación de dicha comunidad en el Congreso de la Unión.
La reforma busca también la disminución de 48 a 35 minutos diarios el tiempo disponible en radio y televisión para el INE y partidos políticos desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral.
En el articulado se prohíbe expresamente el financiamiento a partidos y candidatos con recursos ilícitos.
“ Queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”, puntualiza.
Para ello se pretende fortalecer la fiscalización a las fuerzas políticas y aspirantes a cargos de elección.
“ Los ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluyendo valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y fianzas, la compra o venta de bienes y demás activos de los partidos políticos, de las personas precandidatas o candidatas, deberán ser reportados cotidianamente, para fines de fiscalización, por las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero o las personas que realizan actividades vulnerables al Instituto Nacional Electoral”.
De igual forma, las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación con la autoridad electoral nacional y partidos políticos para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas y que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral.
El dictamen establece que los cómputos de las elecciones federales y locales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los consejos distritales, sin contemplar la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), como se había anunciado previamente.
Por lo que hace al uso de inteligencia artificial en propaganda electoral, la iniciativa señala:
“ Todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley. Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”.
