Coahuila
Por
Infonor
Publicado el miércoles, 21 de enero del 2009 a las 05:56
Sabinas, Coah.- Debido a que el Tribunal Agrario de Torreón atiende solamente situaciones que atañen a ejidatarios de la región Laguna, los asuntos que surgen en 28 municipios del estado son ventilados ante el Tribunal número 20 con sede en Monterrey, indicó el abogado de la residencia Sabinas de la Procuraduría Agraria, Vladimir Torres Cantú.
Entre los casos que se atienden, detalló que en el ejido “Braulio Fernández”, de Acuña, se han iniciado 22 asuntos por la venta de tierras que aunque con contratos ante Notario Público, carecen de la formalidad requerida por el Registro Agrario Nacional, es por ello que ahora los hijos de ejidatarios impugnan los contratos y solicitan el desalojo de predios, 10 de ellos ya concluyeron pero esperan que se dicte sentencia.
En “El Huizachal”, en el municipio de Candela, el 14 de febrero iniciará la audiencia para la etapa del desahogo de pruebas, en un conflicto por la toma de protesta del comisariado ejidal; mientras que en Piedras Negras, en el ejido “El Moral”, apenas inició la demanda por invasión de un pequeño propietario al ejido.
Dijo en cuanto a las situaciones atendidas en la región Carbonífera, que la mayoría son juicios sucesorios o intestamentarios por posesión de parcela, pero no hay conflictos debido a que los ejidos lo reconocen, solo falta dar formalidad a la posesión ante el Tribunal y que el RAN expida los certificados correspondientes.
Mientras que no se ha solicitado la gestión de la Procuraduría Agraria para reclamar ante la SCT el pago de indemnización a ejidatarios de Cloete, por la construcción de un puente vehicular; los ejidatarios del lugar mantienen inconformidad por suspensión de uso de voz y voto para la Asamblea, situación para la que concluyó la etapa de pruebas.
Destacó que además existe un amparo indirecto para el ejido Barroterán de Múzquiz, que fue dotado de 3 mil hectáreas, pero se certificaron 2 mil 400, cuya diferencia está en posesión de pequeños propietarios, y debido a que el RAN se basa en el plano de la Secretaría de la Reforma Agraria, está por interponerse un amparo indirecto para que la Secretaría modifique el plano y se indemnice o entregue la diferencia de hectáreas.
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