Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar qué motivó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de Grupo Simsa (de Torreón) en San José Iturbide, Guanajuato, a fin de aclarar las inconsistencias surgidas en torno al operativo.

La Mandataria se pronunció porque sea la Fiscalía la que explique la legalidad o ilegalidad del hidrocarburo y las razones que llevaron a intervenir las instalaciones de Gas Natural del Noroeste.

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La Fiscalía tiene que informar de si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades investigadas o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la Fiscalía”, insistió.

El caso fue presentado inicialmente por autoridades como un decomiso de 59 millones de litros de presunto huachicol.

Sin embargo, se publicó el sábado que no se había acreditado la ilegalidad del combustible ni había personas detenidas por el aseguramiento.

La empresa sostuvo que la terminal opera desde hace nueve años con los permisos federales correspondientes y que no es propietaria del combustible almacenado, sino que presta ese servicio a empresas que deben acreditar ante ella la propiedad y procedencia legal de los productos.

Gas Natural del Noroeste aseguró además haber entregado a la FGR la documentación sobre su operación y la relación comercial con los usuarios de la terminal, y confió en que su revisión confirmará la legalidad tanto de las instalaciones como del combustible de sus clientes.

Tras las dudas generadas por el operativo, la Fiscal General Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) atrajera la carpeta iniciada en Guanajuato.

La investigación revisa ahora documentación de las empresas involucradas, así como la trazabilidad fiscal y financiera del combustible.

El expediente se originó el 3 de julio con la detención del conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de combustible cuya trazabilidad no se pudo acreditar, según la información difundida por la FGR. Las indagatorias condujeron posteriormente a la terminal de San José Iturbide.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia García, sostuvo este fin de semana que los permisos de operación de la terminal no bastan para demostrar la procedencia legal de los 59 millones de litros y señaló que corresponde a las empresas involucradas acreditar la trazabilidad del producto.

En medio de las versiones encontradas, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó ayer perfeccionar la política contra el huachicol y reforzar los mecanismos para seguir la trazabilidad del combustible.

‘Respeto al debido proceso’

Coparmex Laguna llamó a que cualquier actuación de las autoridades relacionada con Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo Simsa, se realice con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y garantías para que la compañía pueda acreditar ante las instancias competentes el cumplimiento de sus permisos, autorizaciones y obligaciones.

El organismo empresarial sostuvo que la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la existencia de instituciones sólidas son condiciones indispensables para mantener la inversión, la generación de empleo formal y el desarrollo económico, por lo que consideró necesario que cualquier controversia se resuelva con base en hechos, evidencia y derecho.

Coparmex Laguna señaló que la legalidad debe ser exigible para todas las partes. Indicó que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con la normatividad aplicable, mientras que las autoridades deben actuar con fundamento, transparencia y respeto a los procedimientos establecidos.

El centro empresarial advirtió que la confianza para invertir y generar empleos depende de la existencia de reglas claras y de instituciones que brinden certidumbre a quienes desarrollan actividades productivas.