Piedras Negras, Coahuila.- Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, manifestó en nombre de sus representados su preocupación por el impacto que podría tener la medida de implementar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) anunciado por las autoridades locales.

Reconoció el esfuerzo del municipio por fortalecer las finanzas públicas y mejorar los servicios a favor de la ciudadanía, sin embargo se refirió a la repercusión que la propuesta podría provocar en el comercio local.

“ El sector empresarial comparte la importancia de tener servicios de calidad, como el alumbrado público que contribuyen a la seguridad y competitividad de Piedras Negras, sin embargo consideramos necesario que cualquier medida de carácter fiscal se analice con cuidado y se privilegie el diálogo y búsqueda de consensos entre autoridades y sectores productivos”.

Sostuvo que la ruta es encontrar soluciones conjuntas, que garanticen servicios eficientes sin que signifique una carga adicional que limite el crecimiento de negocios locales, sobre todo pequeños y medianos negocios.

“ La Cámara de Comercio hace un llamado respetuoso al cabildo para abrir espacios de análisis y discusión que tome en cuenta las distintas voces de la sociedad”, estableció al reiterar la disposición de la Canaco a participar en este proceso y aportar propuestas que fortalezcan la hacienda municipal, sin frenar la inversión privada y la generación de empleos.

Por su parte, Isidro de los Santos, presidente de Canacintra Piedras Negras, se manifestó de manera firme y clara en rechazo a la implementación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) a las tarifas comerciales e industriales.

“ Los empresarios de la región reconocemos la importancia de contar con servicios públicos de calidad, sin embargo consideramos que el DAP representa un impuesto injusto, inequitativo y carente de sustento legal suficiente, ya que grava de manera diferenciada a un solo sector productivo, generando un impacto negativo en la competitividad y en la economía local”, señaló mediante un comunicado.

Hizo un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades municipales y estatales para reconsiderar esta medida, ya que lejos de impulsar el desarrollo, desincentiva la inversión, resta confianza al sector empresarial y termina afectando a la ciudadanía al trasladarse dichos costos a productos y servicios.

Reiteró su disposición al diálogo y a la construcción de alternativas que fortalezcan las finanzas municipales sin poner en riesgo el desarrollo de las empresas y la estabilidad laboral en la ciudad.