San José el Alto, Qr.- Las dos indígenas otomíes sentenciadas por haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) llamaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que conozcan su caso.

Alberta Alcántara y Teresa González salieron al Salón de Usos Múltiples del Centro Preventivo y de Ejecución de Sanciones Penales Femenil de Querétaro, para recibir a una más de las decenas de las personas que han ido a visitarlas desde que se dio a conocer su situación para decirles que las ayudarían.

“Esperamos que ellos sí tomen en cuenta nuestras pruebas y den marcha atrás a la sentencia de 20 años que nos echaron”, comentaron en referencia a los magistrados.

“Ya son casi cuatro años, en agosto los cumplimos y la mayoría de los que vienen nos dicen que no pueden hacer nada por nosotros”, comenta Teresa, quien “tenía la esperanza de que mi hija no fuera a nacer aquí, pero cuando cumplí ocho meses de embarazo nos dieron la mala noticia de que estábamos sentenciadas a 20 años de prisión”.

“Mi niña se llama Jazmín, ya cumplió un año y dos meses, nació el 14 de febrero de 2009 y hoy seguimos aquí. Yo no quiero que ella siga creciendo aquí, ella necesita estudiar. No quiero que viva lo que nosotras hemos sufrido, estamos en la cárcel porque no estudiamos, porque no tenemos dinero y porque la justicia es solamente para quienes pueden pagar”, externó la indígena otomí.

A diferencia de los organismos de derechos humanos, de políticos y organizaciones sociales, un grupo de diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera que sí se les puede ayudar.

Esa fracción legislativa ya presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al máximo tribunal del país a que reconsidere la sentencia emitida por un juez y confirmada por un tribunal de segunda instancia.

Teresa insiste: “que vengan los ministros de la Corte para que conozcan cómo vivimos, que sepan que cuando yo tengo una tarjeta de teléfono le hablo a mi esposo y le pregunto qué están comiendo y que sepan cómo sufro al saber que ellos allá en la casa comen tortillas con salsa, porque somos muy pobres y ahora mi marido no ha encontrado un trabajo fijo”.

Alberta es hermana del esposo de Teresa, y ambas sufren las mismas carencias; “ya hemos sufrido mucho. Hay quienes dicen que no deben creer en nuestras lágrimas, pero nos discriminan por ser indígenas y por ser pobres. Que vengan y estén aquí una noche, un día nada más para que sepan lo que se siente”.

Alcántara asegura que a ellas las han utilizado “solamente vienen los políticos, luego sale en el periódico o en las noticias que vinieron a vernos y eso lo usan para decir que trabajan, pero en realidad no nos han servido las visitas”.

Los ojos de las dos se enrojecen cuando se les pregunta qué piensan de la justicia y qué piden a los juzgadores. Las dos coinciden en que “mientras estemos aquí presas no cambia nuestra forma de ver a la justicia, tenemos que confiar en ella, pero la pobreza es un obstáculo para que se haga justicia”.

Teresa reitera: “no quiero que mi hija siga aquí, aunque nos tratan muy bien, ella no conoce más que a sus abuelos y a su papá, ella debe conocer a sus primos, apenas tiene un año y dos meses y está encerrada.

“La última vez que vino mi marido a verme se fue muy triste, él se la quería llevar, yo nunca lo había visto tan triste pero y yo ¿qué hago si te la llevas?”, le dijo.

Él “me repetía una y otra vez que lo dejara llevársela, porque ella fue concebida en esta cárcel, aquí viví el embarazo, aquí nació, aquí aprendió a caminar”. Teresa abraza a su hija Jazmín y hace una pausa.

La niña ya fue bautizada, sin embargo no descarta la posibilidad de llamarla Jazmín Libertad, siempre y cuando se cumpla “el milagro de hacer que la justicia mexicana actúe conforme a la justicia.

Que se les dé la libertad a quienes han sido injustamente acusadas, encarceladas y sentenciadas por el secuestro de seis policías supuestamente capacitados para luchar.

Hace varias semanas una luz de esperanza llegó a sus mentes, cuando Jacinta, la tercera de las indígenas presas por ese mismo delito, recuperó su libertad luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos en su contra.

Hubo diferencia de criterios para liberar a una y mantener presas a dos y “lo que pasa es que nosotras aparecimos en las fotografías de los periódicos el día en que supuestamente ocurrió el secuestro de los afis (los agentes) y Jacinta no”.

Consideran que ellas están en la cárcel porque aparecieron en las fotos, que “nuestro error fue habernos defendido, haber tratado de mantener nuestro derecho, pero eso es lo que hoy nos mantiene aquí, porque somos pobres”.