Le tomamos la palabra a la Suprema Corte y, para no esperar a que López Obrador se convierta en expresidente, proponemos razones por las que hoy debe ser llevado a juicio político el Presidente mexicano.

Y es que en una democracia real, serían suficientes las 50 razones abajo citadas para llevar a juicio político a López Obrador, quien sistemáticamente viola la Constitución; acabó con la División de Poderes, mantiene presuntos vínculos con el crimen organizado, vive del saqueo y la extorsión política y, sobre todo, destruye la democracia para imponer una tiranía.

Son datos duros, la mayoría de ellos probados por distintas fuentes y denunciados en muchas entregas del Itinerario Político.

1.- En 20 meses, el Gobierno de Obrador es visto como el peor Gobierno de la historia, a causa de más de 70 mil muertes oficiales por Covid-19 -lo que significan 250 mil muertes reales-; 60 mil muertes violentas, además de la destrucción económica y del sistema de salud, que dejó sin empleo y atención médica a los más pobres. Por ello, muchos especialistas dicen que México vive el mayor crimen de Estado y la mayor crisis económica de su historia.

2.- A propósito de la desaparición ilegal de un centenar de fideicomisos y de arreglos para desactivar protestas, lo cierto es que todo lo aprobado y lo que aprobará la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, es ilegal y puede ser impugnado ante una autoridad. ¿Por qué? 

Porque por instrucciones del presidente Obrador –lo que constituye una violación Constitucional y la ruptura de la División de Poderes–, en San Lázaro se instaló una mayoría de Morena que es ilegal y tramposa.

3.- Y si de fideicomisos se trata, cuando Obrador era jefe de Gobierno del DF, creó el Fideicomiso para Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic), que utilizó Claudia Sheinbaum para construir los segundos pisos. 15 años después, nadie conoce el destino del dinero y muchos creen que fue utilizado para financiar campañas presidenciales de AMLO.

4.- También violatorio de la Constitución –y de nuevo por instrucción presidencial–, en San Lázaro se impuso de manera ilegal a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, cuyo nombramiento puede ser impugnado ante una autoridad, además de que deliberadamente, AMLO destruyó la CNDH.

5.- Hasta hoy, luego de más de un año de que fue obligado a renunciar al cargo –renuncia violatoria de la Constitución–, nadie conoce “las causas graves” por las que el entonces ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, debió dejar el cargo. Está claro que fue obligado por el propio Presidente a dimitir, pero nunca se respetó la ley, lo que es otra violación a la División de Poderes, pilar constitucional del Estado mexicano.

6.- También por orden presidencial –lo que confirma el sometimiento de la Judicatura Federal–, sigue en prisión Rosario Robles, la expresidenta del PRD, por la supuesta falsificación de una licencia de manejo. La señora Robles es la primera presa política de la dictadura de AMLO.

7.- Otra muestra de la presión dictatorial del Presidente, a la Corte, la vimos la mañana del 30 de septiembre del 2020 –hace horas–, cuando López Obrador desestimó los argumentos del ministro Luis María Aguilar, porque según AMLO es falso que viole derechos humanos de exmandatarios.

Curiosamente, el Presidente anuncia que, si la Corte de-secha su locuaz propuesta, enviará al Congreso -cuya Cámara de Diputados se constituyó de manera ilegal-, una reforma al Artículo 35, para eliminar el impedimento. Es decir, si la Ley estorba, Obrador elimina la Ley. Así de inconstitucional.

8.- El pasado 26 de septiembre se cumplieron seis años de la tragedia de “Los 43”; crimen ordenado por jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, cuyas cabezas visibles eran José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Resulta que los presuntos vínculos de López Obrador con grupos criminales salieron a la luz, precisamente, en 2014, cuando el entonces jefe nacional del PRD, vendió la candidatura del municipio de Iguala, al que fuera alcalde, José Luis Abarca.

9.- Lo cierto es que, a pesar de la tragedia en Iguala, nunca terminó la venta de candidaturas a presuntos criminales, como ocurrió en la Ciudad de México. En el Itinerario Político del 27 de marzo de 2018 denunciamos que en julio de 2017, opositores a Morena en la Asamblea Legislativa de la CDMX exigieron la renuncia del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por presuntos vínculos con “El Ojos”, jefe del narco en Tláhuac.

Morena se opuso a pesar de que “Rigo” es brazo político de “la mafia de Tláhuac”, integrada por Rigoberto, Ricardo, Raúl y Rosendo Salgado. En 2018, “Rigo” Salgado fue candidato de Morena a diputado federal.

10.- Otra muestra de la complicidad de Morena con bandas criminales, se produjo en julio de 2017, cuando el senador Alejandro Encinas -acólito de AMLO- exigió que Miguel Mancera explicara por qué la Marina intervino en Tláhuac para abatir a “El Ojos”. Encinas comparó el operativo contra el crimen, con la represión “del 68”. ¿“El Ojos” es igual a los “sesentayocheros”? 

¿Habrá tal cantidad de pruebas para enjuiciar a los expresidentes, como las pruebas para llevar a juicio a López Obrador? 

Al tiempo.