Ciudad de México.-En un episodio prolongado de narcoviolencia, Tiquicheo de Nicolás Romero perdió a ocho pobladores.

Todos migrantes. Buscaban mejores oportunidades fuera de ese municipio en el estado de Michoacán, al occidente de México, que entre la pobreza y el recrudecimiento de la “guerra contra el narcotráfico” redujo a dos las opciones de supervivencia a sus habitantes: esperar una buena temporada de sandía o buscar suerte en Estados Unidos.

Los michoacanos Pedro, Augusto, Humberto, Miguel Ángel, Misael, Vicente, Javier y Juan desaparecieron el año 2011, pero en diferentes momentos. A todos los alcanzó la tragedia cuando criminales interceptaron los autobuses en los que viajaban y los forzaron a bajarse. Nadie les avisó del peligro de ser michoacanos y transitar por esas
carreteras controladas por grupos criminales.

Sólo tres de los ocho michoacanos regresaron a casa, pero en ataúdes.

Aunque a los tres tiquichenses los exhumaron al mismo tiempo y sus familias dieron muestras de ADN en cuanto se enteraron del hallazgo de las fosas, la Procuraduría General de la República (PGR) los identificó y entregó a sus parientes con casi cinco años de diferencia entre unos y otros.

La reconstrucción de estos eventos —no aislados— ha sido posible gracias a las entrevistas con familiares y un testigo, seguimiento de prensa y la obtención de un video y documentos oficiales.

LUGARES CLAVE

Michoacán es un estado clave para los cárteles de la droga en México. Ahí la tierra es fértil para cultivar mariguana y una porción de su territorio está dentro de la región conocida como Tierra Caliente, donde crece casi la mitad de la amapola que se cultiva en México y se vende como heroína en EU. Además, el importante puerto marítimo Lázaro
Cárdenas es puerta de entrada para la mayoría de las drogas sintéticas que llegan desde Asia. El estado también es la cuna de cárteles como La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios.

La historia de infamia de los tiquichenses comenzó así: el 23 de marzo de ese 2011 a bordo de un autobús Ómnibus viajaban desde Morelia hacia el norte del país la pareja de recién casados Reina Hidalgo y Misael Cruz, junto con el hermano menor de ella, Miguel Ángel Hidalgo, sus dos cuñados Augusto Alvarado y Humberto Jaimes, y el vecino y
amigo Pedro Virgilio Mondragón, “El Tlaxcalteca”.

Un testigo que iba en el mismo autobús relató cómo un grupo de hombres armados bajó a los cinco jóvenes por su lugar de procedencia. No sólo los bajaron a ellos, también a otros pasajeros que no conocían.

‘EL GOBIERNO NO INTERVINO’

Los familiares acudieron a la compañía Ómnibus a reclamar. Pusieron de inmediato sus denuncias ante el Gobierno, pero éste no intervino.

Lo que se ha documentado sobre la mayoría de las fosas en México es que son producto de la cruenta guerra por el control del territorio entre grupos antagónicos. Esa disputa condenó a muchos viajeros y migrantes a ser capturados por su paso por el país, pero especialmente a los centroamericanos y michoacanos.

Los policías municipales eran cómplices, como informó el Gobierno federal desde el 2011.

“Se detuvo a policías municipales. En efecto, supuestos servidores públicos quienes, de acuerdo a testimonios recabados, no sólo conocían de los hechos sino que los solapaban e incluso, en ocasiones, coadyuvaban con ellos”, dijo el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré a 21 días de encontrarse la
primera fosa.

La organización estadunidense National Security Archive logró desclasificar una tarjeta informativa de la PGR (que obtuvo el 10 de diciembre de 2014) donde se confirma que siete detenidos, como responsables de algunas fosas, admitieron la participación de elementos de la Policía Municipal, de la que se desprende que sus labores eran “intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la banda criminal”.

SIN PISTAS

Han pasado cinco años y todavía no hay pista de los cinco amigos. Sus familiares han dejado varias veces muestras genéticas ante la PGR y, a partir de 2014, también ante el Equipo Argentino de Antropología Forense con el que la PGR firmó un convenio para crear una Comisión Forense para identificar restos humanos. A pesar de eso, aún no han
encontrado información sobre el paradero o sobre los cuerpos de sus parientes. Y la incertidumbre los sigue carcomiendo.

El 28 de marzo -cinco días después del secuestro de los primeros paisanos oriundos del vecino pueblo El Limón- el señor Vicente Piedra García, de Purungueo, salió rumbo a la frontera de Estados Unidos en otro autobús de marca Ómnibus, donde coincidió con sus jóvenes vecinos, los primos Javier y Juan (nombres cambiados). Ninguna autoridad
les alertó del peligro que corrían en el camino. Y les ocurrió lo mismo, en el mismo lugar, a la misma hora.

Sus familiares se tragaron la duda de si los restos que la PGR les entregó eran efectivamente los de Vicente. Nadie les mostró evidencias. Aún así lo enterraron. María Luisa García, la madre de Vicente, parece una mujer sin agenda. Está sentada en un portillo, mirando así nomás al horizonte. Menciona las dudas que tuvo su nieto al reconocer a su
padre.

Vicente era padre de ocho hijos. Las deudas por la mala cosecha de sandía lo obligaron a buscar trabajo en Texas, EU, a donde nunca llegó. De sus dos acompañantes de autobús no se supo en casi cinco años.

Desde el 2011, las familias de los primos deambularon por instituciones preguntando si ya tenían información sobre su paradero.

EXPEDIENTES

Durante ese limbo mantuvieron contacto con la licenciada Verónica Salazar, encargada de Desapariciones dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la PGR, quien les aseguró que les daría información si los encontraban. Como a otros tantos expedientes que tienen de
desapariciones en México.

El reconocimiento ocurrió gracias a la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, luego de que organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos mexicanos y centroamericanos presionaron a la PGR a firmar un Convenio Forense que permitiera a los peritos independientes analizar los restos, así como cotejar muestras
genéticas y revisar expedientes forenses.

Atrapados

La agresión a migrantes, atrapados por bandas del crimen , ha alcanzado niveles alarmantes, según un informe del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los indocumentados que transitan por las franjas fronterizas son objeto no sólo de secuestros o extorsiones, sino de torturas e incluso violaciones tumultuarias.

Algunos de estos rasgos han sido denunciados desde años atrás por organizaciones civiles, aunque ahora las autoridades federales reconocen el nivel de agresividad que han tomado los ilícitos, sobre todo en las regiones límitrofes del sur de México.

COLUDIDOS

El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) elaboró un diagnóstico de las agresiones y precisa que en la agudización de la violencia contra los migrantes hay participación de actores privados, coludidos con actores estatales.

Ante ello, advierte, sobresale una falta de voluntad y capacidad del Estado para proteger a los migrantes en tránsito de secuestros, tortura, amenazas a defensores (en albergues) y trata de personas.