Bogotá.– El presidente colombiano Gustavo Petro considera que los cárteles mexicanos se han convertido en la principal amenaza para la soberanía nacional y, en consecuencia, ha ordenado a los comandantes de las Fuerzas Militares y de la policía reorientar la estrategia de seguridad a contener el avance de estas estructuras del “crimen multinacional”.

La directriz del mandatario está contenida en un documento reservado del gobierno, conocido por Proceso, y el cual parte de un diagnóstico que refleja los planteamientos que ha hecho en diferentes consejos de seguridad:

“ Los cárteles internacionales de la droga, especialmente los mexicanos, dominan cada vez más extensas zonas de nuestro territorio” 

Ese dominio territorial se traduce en “un control político de la población que obstaculiza la construcción de paz”, agrega el informe.

Y señala que “hoy los campos de batalla de Colombia no están cruzados por la Guerra Fría, no son guerrillas revolucionarias enfrentadas a un Estado oligárquico; son guerras mafiosas con un ingrediente que no teníamos antes: los factores de poder de las mafias en Colombia cada vez son más mexicanos”.

Los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación “tienen la capacidad de controlar la producción de hoja y su transformación en cocaína en Colombia, el transporte de la droga a Estados Unidos y su distribución en el mercado minorista de los grandes centros urbanos estadunidenses”, indica el documento.

El reporte, que contiene información de las principales agencias colombianas de inteligencia –militares, policiacas y civiles–, asegura que esos cárteles están introduciendo a Colombia “armamento de alto poder” y tienen a su disposición “ejércitos privados que les aseguran el control de las diferentes fases de producción de cocaína y de las rutas” de exportación de esa droga.

Con estos insumos, las fuerzas militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad que dependen del presidente Petro comenzaron a elaborar una nueva estrategia de seguridad que erradicará el concepto de “guerra” contra el narcotráfico que impulsaba el anterior mandatario, Iván Duque, y que privilegiará, en cambio, la protección de las comunidades amenazadas por actores criminales y la lucha contra las “amenazas externas”, entre ellas los cárteles mexicanos.

Los organismos de inteligencia formaron una mesa de trabajo para alinear el Plan Nacional de Inteligencia con las prioridades del gobierno de Petro, que apenas lleva seis semanas, y una de las tareas de los especialistas ha sido el cambio de lenguaje: ya se habla, por ejemplo, de Seguridad Humana, un concepto de seguridad que impulsa Petro, y de “crimen multinacional”.

En esa mesa de trabajo participan delegados de la Dirección Nacional de Inteligencia, que depende del presidente, y la cual está a cargo de Manuel Casanova, un filósofo y exguerrillero del M-19 de toda su confianza; de la Dirección de Inteligencia Policial; del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército (CEDE2); de Inteligencia Naval, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

Alerta del CEDE2

A tono con las prioridades de seguridad del gobierno de Petro, el CEDE2 trabaja en el fortalecimiento de una Unidad contra la Delincuencia Trasnacional Organizada que se encarga de detectar, analizar, atacar y neutralizar organizaciones criminales extranjeras que amenacen la seguridad.

Informes entregados por esa unidad al nuevo gobierno, los cuales fueron conocidos por este semanario, indican que los cárteles mexicanos son “actores fundamentales” en el negocio de la producción, procesamiento, transporte y exportación de la cocaína en Colombia, y en los últimos años han adquirido una “creciente importancia” en los territorios más conflictivos del país.

Los informes identifican a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, de Oaxaca y remanentes de Los Zetas, y los ubican como “estrechamente relacionados” con grupos armados organizados locales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Una de las principales iniciativas del gobierno de Petro es el inicio de un proceso que conduzca a Colombia a la “paz total”, lo que incluye “negociaciones judiciales” que propicien el sometimiento a la justicia de estructuras delictivas involucradas en el narcotráfico (Clan del Golfo, Los Caparrapos, La Cordillera, La Oficina y otros) y “negociaciones políticas” con el ELN y las disidencias de las FARC.

Es decir, la “paz total” aspira al desmantelamiento de todos los grupos que participan en el negocio de la cocaína en Colombia y que, por tanto, tienen algún tipo de alianza con los cárteles mexicanos.

Esto, para el CEDE2, abre para Colombia “un escenario en el que se podrían fortalecer, a un grado nunca antes visto, estas organizaciones del crimen multinacional”.

Una fuente de inteligencia del gobierno, consultada por este semanario, dijo que “entre los escenarios prospectivos que se analizan con la paz total está el del papel de los cárteles mexicanos como actores criminales cada vez más activos en Colombia”. Esto, dice, porque “ya sabemos que desde hace varios años hay un proceso de toma de control (por parte de los cárteles mexicanos) de los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico y que ahora mismo están presentes, casi siempre como actores indirectos, en las zonas de cultivos, en los laboratorios y en las rutas”.

La presencia de estas organizaciones extranjeras “se fortaleció en el país tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC”, asegura. Esta exguerrilla dominaba gran parte de los cultivos y de los laboratorios, y mantuvo durante años una sociedad con los cárteles de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, Los Zetas, la Familia Michoacana y Jalisco Nueva generación.

“ Pero debido a la reconfiguración de órdenes sociales y criminales en los territorios que controlaba esta guerrilla, los cárteles mexicanos lograron más protagonismo y más control, y se convirtieron en los principales financistas de los grupos armados irregulares, como el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias (de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz y continuaron con el negocio de la droga)”, señala la fuente.  

Y ahora, con la “paz total”, asegura, “perfilamos como escenario que estos cárteles aumenten su presencia física y armada en Colombia”.

Hasta ahora, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan en Colombia a través de enviados que se encargan de supervisar la calidad del producto, pactar los embarques de cocaína y realizar los pagos a las bandas locales, las cuales otorgan protección a estos delegados –mayoritariamente mexicanos, pero también centroamericanos–, cuyo perfil es más gerencial que militar.

Según la Unidad contra la Delincuencia Trasnacional Organizada del CEDE2 del ejército colombiano, los actores más viables para ocupar vacíos que pudieran generar en el mundo criminal la “paz total” de Petro por la desmovilización de algunas estructuras delictivas son los cárteles mexicanos, porque tienen “el conocimiento, el dinero y la estructura logística para incrementar su presencia en Colombia”. Y esta mayor presencia implicaría “un dominio más directo sobre el negocio de la cocaína”.

La unidad especializada del CEDE2 no descarta que recurran, incluso, al reclutamiento de militares retirados colombianos que están entrenados en la guerra y que son lo suficientemente jóvenes como para formar “cuerpos de élite al servicio de estas estructuras del crimen multinacional”. Es por ello que el CEDE2 ha puesto especial cuidado en dar seguimiento a las actividades de exmilitares colombianos.

Cada año, 10 mil efectivos del ejército pasan a retiro, la mayoría de ellos en plenitud de facultades físicas y diestros en el uso de armas, y sus servicios son muy cotizados en empresas de seguridad globales y ejércitos, como el de Emiratos Árabes Unidos, que se fortalece con mercenarios.

El año pasado, un comando de 18 exmilitares colombianos contratados por una empresa en Miami asesinó en su residencia al presidente de Haití, Jovenel Moïse, como parte de un complot en el que estaban involucrados políticos y empresarios de ese país.

De acuerdo con una de las fuentes consultadas, “hay mercenarios colombianos que han viajado a México contratados por los cárteles y son una reserva estratégica para cualquier grupo que realice actividades criminales en Colombia pues sus pensiones son bajas”.

El riesgo de la “paz total”

El objetivo de alcanzar la “paz total” de Colombia parte del hecho de que, pese al acuerdo logrado con las FARC en 2016, la paz quedó inconclusa porque una parte de esa exguerrilla, las llamadas “disidencias”, permanecieron en armas y se dedican al narcotráfico, y porque el anterior gobierno eludió implementar las partes sustanciales de ese pacto, como una reforma agraria.

Además, porque la otra guerrilla histórica de Colombia, el ELN, se mantiene en guerra contra el Estado y porque en todo el país operan grupos armados ilegales que se dedican al narcotráfico, la minería ilícita, la extorsión, el secuestro y el lavado de activos, entre otros delitos.

El gobierno de Petro ya acordó con el ELN el inicio de un diálogo de paz y promueve en el Congreso una ley que servirá de marco para el sometimiento de bandas criminales a la justicia, a cambio de rebajas de penas.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Posso, considera que si se logran acuerdos que propicien el desmonte de estructuras ilegales habrá “una búsqueda de reemplazo” de las actividades que cumplían estos actores, “y ahí estaremos viendo a los cárteles mexicanos jugar un papel activo” para llenar los vacíos.

Por eso, asegura el experto, se necesita que el proceso de “paz total” vaya acompañado de una estrategia que contenga esa dinámica y que incluya un trabajo conjunto con México y con Estados Unidos, “el principal centro de lavado del narcotráfico mundial”.

González Posso coincide con Petro en que la criminalidad asociada a la multinacional de la cocaína que dirigen las mafias mexicanas y globales del narcotráfico es una amenaza a la soberanía colombiana y que por ello es “fundamental” enfrentar el fenómeno con una nueva política antidrogas. Lo que ha planteado Petro, señala, es un diálogo regional que explore alternativas a la política antidrogas que ha impuesto Estados Unidos durante décadas.

El exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, general Jairo Delgado, considera que con la “paz total” sí existe el riesgo de que se fortalezca la presencia de los cárteles mexicanos en este país, “pero no como resultado directo de ese proceso, sino porque se decida que las eventuales negociaciones vayan acompañadas de la inactividad de la fuerza pública”.

Eso, señala el general retirado, que sería el equivalente a la política de seguridad de “abrazos, no balazos” que desarrolla el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, fortalecería a los mexicanos, porque tienen “mayor capacidad, experiencia, el control de las rutas y del negocio”.

Pero en ese escenario, la “paz total” no sería la causante sino la falta de acción ante el crimen “a partir de un enfoque político equivocado”. Un vacío criminal derivado de una eventual inoperancia de la fuerza pública propiciaría, “obviamente, que ese espacio sea ocupado por los cárteles mexicanos”. El gobierno de Petro ha dicho que la fuerza pública nunca dejará de actuar frente al crimen.