BBC Mundo | Estados Unidos.- Donald Trump está a punto de convertirse en el hombre más poderoso del mundo.

El 20 de enero asumirá la presidencia de Estados Unidos, tras derrotar a Hillary Clinton en las elecciones del pasado martes.

Pero antes de que eso suceda, este del 28 de noviembre, él y sus abogados tendrán que enfrentar una demanda judicial como un ciudadano cualquiera.

Y no es la única ya que el presidente electo de EE.UU. enfrenta varias causas judiciales.

Tal vez la más notoria es en la que ase cusa a su Universidad Trump de defraudar a los estudiantes.

El procedimiento judicial tendrá lugar a fines de noviembre en la ciudad de San Diego, California, y es parte de un juicio civil.

Lo que quiere decir que Trump no está acusado de ningún delito sino que enfrenta una disputa de índole monetaria con personas que se sienten estafadas por la universidad que lleva su nombre.

En este caso, un grupo de antiguos estudiantes están demandando al centro educativo por US$40 millones, según informa el diario Financial Times.

Los abogados de Trump niegan las acusaciones.

Se espera que en algún momento del juicio Trump declare en su propia defensa y como testigo solicitado por la parte acusadora. Sus abogados están buscando que la declaración del presidente electo a la corte ocurra mediante una conexión de video, para evitarle la necesidad de acudir en persona.

El juez que preside la causa es nada más y nada menos que el magistrado federal Gonzalo Curiel, un estadounidense de ancestro mexicano.

Durante la reciente campaña electoral, en la que las demandas contra el candidato conservador habían surgido como tema de campaña, Trump había cuestionado la idoneidad del juez para resolver su caso por ser de origen hispano, argumentando que estaría predispuesto contra el magnate por sus polémicas declaraciones sobre los indocumentados mexicanos.

Ello generó acusaciones de racismo contra Trump, que al final no fueron suficientes para convencer a los votantes de que escogieran a otro candidato.

Pero independientemente del resultado en la elección presidencial, el mandatario electo está obligado a enfrentarel juicio.

Incluso, si el procedimiento llegase a extenderse más allá del 20 de enero, cuando asume la presidencia, no podría evadirlo.

Un fallo de la Corte Suprema en 1997 dictaminó que los presidentes no tenían protección especial para enfrentar causas civiles por hechos que hubiesen ocurrido antes de asumir el cargo presidencial.

En 1997, el acusado fue el entonces presidente Bill Clinton, quien tuvo que enfrentar una demanda civil por acoso sexual contra Paula Jones. Clinton aceptó pagar $850.000 a la demandante sin reconocer culpa.

Los presidentes estadounidenses gozan, en cambio, de un fuero especial para enfrentar acusaciones penales por acciones ocurridas durante su presidencia.

En este caso, es solamente la Cámara de Representantes la que puede efectuar un “impeachment”, una acusación penal formal contra el mandatario. Y es el Senado el que lleva a cabo el juicio que eventualmente podría resultar en la destitución del presidente.

El último mandatario en enfrentar este procedimiento fue también Bill Clinton, quien fue formalmente acusado por la Cámara de Representantes de haber mentido bajo juramento en hechos relacionados con el escándalo sexual de Mónica Lewinsky.

Pero el Senado, que era controlado por su partido, absolvió a Clinton en 1999.

En cualquier caso, nadie está sugiriendo que el juicio que enfrentará Trump a fines de noviembre pueda poner en riesgo legal su llegada a la presidencia estadounidense semanas más tarde.

Incluso no son pocos los que suponen que Trump podría llegar a un arreglo monetario con los demandantes en ese juicio civil, y así evitarse el engorroso trámite que le quitaría tiempo valioso para prepararse a asumir la presidencia estadounidense.

Pero sus disputas judiciales no se detienen ahí.

El Financial Times reporta que hay más de 70 demandas pendientes contra el magnate y sus empresas.

El mismo Trump amenazó con acrecentar la lista en los días finales de la campaña al advertir que demandaría a las mujeres que lo acusaban de acoso sexual. Y también aseguró en algún momento que demandaría al diario New York Times por aspectos de la cobertura de su campaña. No se sabe si cumplirá con esas amenazas.

Trump también ha demandado antes a personas como al chef español José Andrés, quien se retiró de una acuerdo para ubicar un restaurante en un proyecto hotelero del millonario luego de sus polémicas declaraciones contra los hispanos.

Y hay otras investigaciones preliminares en curso. Eric Schneiderman, fiscal general del estado de Nueva York, había dicho que su oficina investigaba posibles irregularidades de la Fundación Trump.

Hasta ahora no hay evidencia de un problema legal que pueda amenazar realmente la presidencia de Donald Trump.

Pero sus problemas en los estrados judiciales pueden ser una distracción peligrosa.

Muchos recuerdan el impacto negativo que tuvieron los problemas legales privados de Bill Clinton en los años finales de su mandato.

Y Trump apenas comienza su gobierno, con una nación extremadamente polarizada en torno a su figura.

Por ello, tener que pensar en los múltiples casos judiciales que involucran a su nombre y al de sus empresas es uno más en la larga lista de retos complejos del presidente electo.

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